La Cámara de Diputados avaló que el Presidente de la República pueda ser juzgado, además de por traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero dejó fuera de esa disposición a los integrantes de las dos cámaras del Congreso, como había definido el Senado.

Morena explicó que la reforma –que se devolvió al Senado– restringe los supuestos de inmunidad procesal para el jefe del Ejecutivo federal; mientras, Acción Nacional sostuvo que con la reforma a la Constitución no se elimina el fuero presidencial, sino que sólo se amplía el catálogo de delitos por los cuales puede ser imputado.

También, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó incluir en la Constitución la revocación del mandato del Presidente, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al aceptarse los cambios que avaló el Senado en esa materia.

Por mayoría de votos, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la definición de revocación de mandato, como el instrumento de participación ciudadana que permita concluir anticipadamente el cargo de Presidente a partir de la pérdida de la confianza en el mandatario…

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