La austeridad republicana se ha prescrito como factor de máxima racionalidad del gasto público, para trascender los fines de transformación de la Nación, con el esquema estratégico de privilegiar el bienestar social, el sector energético y la seguridad como premisas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF).
Los tres rubros señalados han tenido en este primer año de la administración del Presidente López Obrador, un desempeño que oscila de lo discreto a lo famélico; condición que ha disminuido la aprobación de su gestión a un 61.8%, por la falta de resultados.
Actuación que también perfila los límites de la retórica populista, el colapso de la demagogia y la depreciación política de la 4T. Al respecto, Héctor Aguilar Camín analiza la encuesta GEA/ISA, y señala que: “Solo 35% espera mejoras en la educación. Solo 29% espera mejoras en la salud. Solo 19% cree que habrá mejoras en el combate a la corrupción. Y solo 18% cree que habría mejoras en seguridad…Una diferencia tan alta entre la confianza en el Presidente [61.8%] y la desconfianza en sus resultados, solo puede cerrarse con resultados… [empero] El discurso presidencial ha logrado borrar o diferir los malos resultados de su gobierno…” https://bit.ly/2ljGcwg
Los programas de bienestar social no han propiciado ni el desarrollo, ni el crecimiento económico, y las expectativas de empleo se extinguen frente a la ineficiencia operativa del gasto público y a una austeridad ciega que no impacta en el bienestar social, que al no responder a las exigencias del crecimiento económico está provocando esta involución económica.
Esto evidencia que el mal llamado ahorro público, no implica inversión pública que signifique avances, bienestar y oportunidades de vida para los ciudadanos, por lo que propender con la austeridad como la caja chica de la Nación, es tan absurdo como recibir una tanda, cuando el agua nos está llegando al cuello.
El PEF habrá de privilegiar el sector energético, sin embargo, hay que advertir la complejidad de las variables no sólo nacionales sino internacionales, cuestión que el Presidente ha minimizado ante el flujo de declaraciones que hablan de cifras paralelas, donde sus números se erigen en piedra filosofal y los de organizaciones internacionales como la OCDE o el FMI, como vociferaciones tecnocráticas sin sentido.
Frente al déficit de seguridad, el panorama se agrava porque las cifras son alarmantes y el peso de la delincuencia organizada es aterrador, lo que mina la confianza ciudadana y el grado de aceptación de los resultados.
Esta paradoja contrasta con el entusiasmo y optimismo del presidente respecto de la Guardia Nacional, que se asemeja más a un grupo de choque que a un cuerpo de seguridad del Estado, ya que hasta ahora, lo visible de su actuación se constriñe a la represión que han sufrido los migrantes centroamericanos, ante el freno que ha exigido Donald Trump al gobierno.
Ante esta aciaga realidad de suma y resta, debemos preguntar, ¿Cuál es el papel estratégico que debe jugar el Presupuesto de Egresos de la Federación?
La respuesta es más dramática que la pregunta, porque la penumbra política amenaza a la 4T, y amedrenta las potencialidades del mercado interno y externo, la inversión extranjera y la estabilidad económica nacional.
Esto se debe fundamentalmente al deterioro de la racionalidad y eficiencia del gasto; a la sombra de las inversiones truncas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la habilitación de la Base Aérea de Santa Lucía; a la desaceleración de la economía nacional e internacional; al incremento de la inseguridad, y a la falta de certeza jurídica frente al sesgo político de la procuración e impartición de la justicia.
El cálculo del PEF puede resultar catastrófico de no alcanzarse la meta prevista de crecimiento del 2%, ya que no se conseguiría la recaudación del IVA y el ISR, lo cual no podría ser cubierto ni con los recursos de los fondos de ahorro, ni con las medidas de anticorrupción y austeridad, que tampoco tienen lógica, porque deberían ser excepcionales para casos de crisis económicas.
Respecto a las asignaciones de los programas sociales, la falta de Reglas de Operación y Mecanismos de Evaluación, propicia discrecionalidad, corrupción y abusos en el uso de recursos. Asimismo, los subejercicios van en detrimento del equilibrio económico, debido a que no se gasta bien ni oportunamente, con lo que se menoscaba la capacidad de la economía para producir los bienes y servicios públicos.
Sin ánimo catastrofista, el horizonte de la transformación del país se ha vuelto sólo un efecto óptico, ya que ante la cerrazón política populista, que se afianza en los programas sociales, se sacrifica el crecimiento económico y la institucionalidad para seguir transitando en la dimensión desconocida de la demagogia política.
Del entusiasmo del presidente a la frustración social, el camino se presenta tortuoso y lleno de piedras. Se han ignorado las promesas en materia de infraestructura productiva, porque rivalizan con las prácticas clientelares de la actual administración, que pretende afianzarse desde los programas asistenciales con fines electorales, lo que evidentemente tendrá límites y costos sociales.
Pero si señalamos que existe ineficiencia e irracionalidad del gasto y del poder político, se debe a que el mesías ha hecho de la política una teología secularizada, fundada en el castigo político y en los apetitos de quienes confunden la justicia con la revancha política, lo que se evidencia porque las fiscalías no han podido probar la culpabilidad de servidores públicos, ni garantizar el debido proceso dentro de los parámetros del Estado Democrático de Derecho.
La omnipotencia del Poder Ejecutivo volvió botín político al PEF 2020, que se centra en una retórica populista, que no responde a la realidad política, económica y social.
La inteligencia institucional ha dejado su lugar al porvenir de una ilusión, una fábula sórdida que no alecciona y traza desde la popularidad de los programas sociales, el quiebre moral de la institucionalidad política, porque sacrifica la racionalidad por el mesianismo de Estado.
Agenda
- En un proceso legislativo donde sólo las propuestas de la CNTE contaron para aprobar las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en materia de Educación, se decretó la desaparición de las evaluaciones de maestros, del Instituto de Infraestructura Educativa y se estableció la asignación automática de plazas a los egresados de las escuelas normales.
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