En busca de fortalecer la silla ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción, se desarrolla en Mazatlán el Foro “Desafíos, obstáculos y oportunidades de los Comités de Participación Ciudadana”, con la asistencia de integrantes de los CPC de Sinaloa, Jalisco, Durango, Coahuila y Quintana Roo.
Durante la inauguración, la Diputada local Cecilia Covarrubias se pronunció por fortalecer la acción ciudadana como un contrapeso para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Sin embargo, apuntó, aún los CPC no han cumplido las expectativas en esta materia.
Y para ejemplo, habló del caso de Sinaloa, que es uno de los cinco estados de la República donde a pesar de mantener un “megasistema anticorrupción”, prácticamente no se han presentado sanciones.
“El Sistema Nacional Anticorrupción es tan solo una superestructura que ha generado expectativas elevadas, que intenta coordinar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, que no han funcionado pero ahora tienen este ingrediente ciudadano”, remarcó la legisladora, presidenta de la comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
A casi dos años de la aprobación de las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, del que se desprenden los sistemas estatales, han surgido algunos problemas para que se den los resultados que la sociedad espera, explicó Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, compuesta por 75 instituciones académicas y de la sociedad civil, creada en 2011 para generar y socializar conocimiento que ayude a disminuir esta problemática.
Falta de claridad en sus responsabilidades, carencia de recursos propios y fallas de diseño en los mecanismos de selección, fueron algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa durante el foro, como elementos para mejorar los CPC, creados para coordinar a otras instituciones clave, como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Supremo Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
Fuente: Noroeste