Nos hemos convertido en el país del abuso político. Ante la frustración social y el desencuentro público, las dudas sobre su transformación se incrementan. La armonía y la paz social, no pueden edificarse desde el autoritarismo o la desigualdad al momento de impartir justicia, porque es una condición ciega tan aberrante como la corrupción e impunidad, banderas de combate del actual gobierno y su capital político de vanguardia social.
En una era donde la razón y el derecho han dejado su lugar al populismo y al fascismo, los distintivos del quehacer público son el terror y los monstruos políticos, estos últimos, como señala Carl Schmitt, son la “distinción propiamente política, entre el amigo y el enemigo”.
La modernidad parece haber olvidado la lección del terror político en la Francia que depuso a los Luises, donde “el juego de suma cero”, confundió a los revolucionarios con los revolucionados, creó una estela de persecución e instrumentó desde el pragmatismo revolucionario, el patíbulo, al margen de la conciencia y de la justicia política.
Esta misma estela parece encumbrar en nuestros días al oscurantismo político, que se cierne en la humanidad como receta infalible, que desde el populismo o el fascismo, sustituye al Estado Democrático de Derecho y a la razón para crear desencuentro y malestar social; hacer del ejercicio público una tragedia entre víctimas y victimarios y perfilar la “justicia” como el instrumento de terror, que estigmatiza el proceder de los sujetos sociales.
En este escenario, México ha dado el salto cualitativo de la “presunción de inocencia” al “presunto culpable”, retroceso de la realidad que hoy se refrenda a través del intento de reformar la Ley de Delincuencia Organizada, en materia de defraudación fiscal y de la ya vigente Ley de Extinción de Dominio, con la figura de la Venta Anticipada, aprobada por el Senado.
Al respecto, Beatriz Pagés atinadamente señala que esta reforma de ley, al pretender “…combatir la expedición de facturas falsas rompe el principio constitucional de proporcionalidad en materia penal… es un instrumento de control para perseguir y castigar a los adversarios políticos…no para hacer justicia o combatir la evasión fiscal…El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, dijo, sin embargo, que con esa reforma no será necesaria una sentencia para llevar a un presunto culpable a la cárcel….”. https://bit.ly/2kMw5jv
¿Se olvidaron que esta reforma de ley debió atender que el Artículo 14º Constitucional dispone que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales”…?
¿Esta realidad no es acaso la misma distinción espeluznante que hace Carl Schmitt del enemigo político?
¿No es esta la estratagema de los tiranos y sus tribunales, para hacer de la impartición de la justicia el instrumento político del terror de Estado?
El terror de Estado naturaliza la criminalización de sus opositores y es el referente del abuso político y de la fractura social. Responde al sentido autocrático del poder, que vuelve enemigo a todo aquel que desde la razón y el derecho hace de la democracia fuente de equilibrio político, porque perturba el trazo vertical de la toma de decisiones y la voz del mesías.
En esta ruta no hay espacio público que haga del debate político la vía válida para establecer desde el consenso y el disenso, los vectores de la responsabilidad pública. Por el contrario, engendra los nuevos “Robespierre”, aquellos que pretendiendo ser incorruptibles, terminan presas de sus apetitos en la Plaza de la Concordia.
Es importante retrotraer de nuestra historia y de la historia política de nuestro pueblo, la liturgia de los tiranos y los autócratas, que se valieron del poder del Estado para violar el Contrato Social y su espíritu, mismos que sucumbieron ante el frenesí del pueblo y de las fuerzas políticas que restituyeron la justicia y la razón con las grandes transformaciones: Independencia, Reforma y Revolución.
La sustancia de este razonamiento de la historia política, no puede pasar por alto que lo social y lo político son realidades que precisan claridad, certeza y rumbo de Estado. No pueden quedar al garete, porque la revancha o el terror perviertan la institucionalidad, al ser condiciones incomprensibles e incompatibles con un régimen político poliárquico como la democracia, que admite la diversidad ideológica como una virtud y como postura ética del Estado.
Frente al verticalismo gubernamental, el nivel de tensión y polarización social se incrementa por la inconcreción de la tarea pública, la percepción de inseguridad, el nulo avance económico del país y las deficientes condiciones del sistema de salud; realidades palpables y evidentes, manejadas en torno a un modelo político populista, que distingue entre seguidores y opositores.
En un régimen democrático es necesario cuestionar la autocracia y el terror que los monstruos políticos infringen a la sociedad, violando sus derechos y silenciando su disenso; arbitrariedades que son el síntoma de una descomposición orgánica del gobierno, que mina las virtudes del Estado Democrático de Derecho y la confianza ciudadana.
En esta tesitura, la violencia y el acoso político del Estado están investidos de transformación y combate a la corrupción e impunidad, pero en realidad se erigen como consignas políticas proclives a la descalificación y persecución política, maquillan sus acciones de nacionalismo y se convierten en monstruos políticos, que aterrorizan a los ciudadanos con la espada desenvainada y la razón encarcelada.
La naturaleza de la política y el ejercicio de gobierno democrático estriba en dignificar las oportunidades de vida de los ciudadanos, y para ello no es suficiente establecer un sistema de transferencias de recursos para algunos sectores sociales, hay que promover la inversión, recuperar la confianza, crear bienes públicos y en un entorno recesivo de la economía, impulsar políticas de fomento productivo, evitar los subejercicios del gasto público y revalorar la política de austeridad.
Asegurar el porvenir de la Nación a través del derecho, es una potestad y obligación de sus gobernantes para hacer cumplir la Ley, pero nunca será su derecho sustituir a la democracia por la autocracia o hacer de la injusticia el terror velado de la represión y violencia política.
Agenda
- El Presidente López Obrador envió al Congreso el Proyecto de Ley de Amnistía como Iniciativa preferente. Es parte medular de la estrategia de paz y reconciliación y busca beneficiar a las personas que en condiciones vulnerables, injustamente se encuentran presas porque fueron “obligadas” a delinquir, porque no pudieron pagar su defensa o siendo indígenas monolingües, fueron enjuiciados en español. Empero deberá cuidarse no caer en la demagogia penal.
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