La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la Fiscalía General de la República 33 denuncias por presuntos actos de corrupción, entre ellos el desfalco conocido como la Estafa Maestra y por la llamada Casa Blanca.
De acuerdo con el Primer Informe de Labores, que comprende el periodo que va del 1 de diciembre al 30 de junio pasado, entre las denuncias están 20 casos en los que se detectó un enriquecimiento ilícito por parte de distintos servidores públicos.
“Se presentaron 33 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que representa un 55.93% de efectividad de cumplimento; 1 por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, 4 por convenios relacionados con la Estafa Maestra, 5 por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, 1 de Presidencia, 1 Casa Blanca, 1 denuncia Ayotzinapa”, detalla.
La “Casa Blanca” es como se conoce al caso que implicó al ex Presidente Enrique Peña y su entonces esposa Angélica Rivera, quien le compró a Grupo Higa, un contratista del Gobierno, una mansión en Lomas de Chapultepec valuada en 54 millones de pesos.
En agosto de 2015, la SFP, entonces a cargo de Virgilio Andrade, determinó que no había existido ninguna irregularidad en la adquisición del inmueble y dio por cerrado el asunto.
En el caso de las denuncias presentadas por la Estafa Maestra, señala el Informe de Labores, están relacionas con funcionarios de Pemex que presuntamente utilizaron el mecanismo de triangulación vía universidades para desviar recursos.
“En materia penal, destaca la presentación de 13 denuncias relacionadas con servidores públicos que laboraron en Pemex y pudieran estar vinculados con la Estafa Maestra, de las cuales 5 fueron presentadas en su contra por ejercicio indebido del servicio público y las 8 restantes por incremento patrimonial sustancial total de $81’362,922.33 no aclarado”, señala.
La denuncia relacionada con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es por la mala actuación que tuvieron los servidores públicos que debían sancionar las irregularidades administrativas en las que incurrió el personal ministerial que llevaba las investigaciones.
“Se presentó una denuncia por omisión de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la entonces PGR actualmente FGR respecto de llevar a cabo procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores públicos que obstruyeron, obstaculizaron y dificultaron el esclarecimiento de los hechos trágicos en donde se vieron involucrados 43 normalistas”, dice.
Va SAT contra empresas fraudulentas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de empresas que deducen impuestos con operaciones simuladas, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno.
Además, señala el documento, el SAT realizó un operativo en todo el País para detectar a estas empresas y revisar su operación para evitar que continuaran defraudando al fisco.
“El SAT realizó un operativo a nivel nacional en el que revisó a 150 empresas que facturaron operaciones simuladas. El operativo consistió en visitar, revisar y suspender a 150 empresas que llevaban a cabo este tipo de prácticas ilegales; además, se colabora directamente con la Unidad de Inteligencia Financiera para cruzar información y profundizar en las investigaciones”, indica.
Parte de la información recabada, detalla, sirvió para integrar expedientes que fueron puestos a disposición de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la FGR.
También, para combatir la elusión y la evasión fiscal, el SAT adoptó el uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas.
“(Además), se eliminó la compensación universal, que abría espacios a la evasión y defraudación fiscal, ya que mediante la utilización de saldos a favor obtenidos de manera ilegítima, se reducía indebidamente el pago de otras contribuciones”, indica.
Fuente: Reforma
