La Suprema Corte Justicia de la Nación cerrará, a partir de este viernes, 10 Casas de la Cultura Jurídica (CCJ) en siete estados, por políticas de austeridad derivadas del recorte presupuestal en 2019.
La decisión implicará un ahorro aproximado de 81.4 millones de pesos, informó la Corte, que aún mantendrá 36 CCJ similares en todas las entidades del País.
El ahorro equivale a 1.7 por ciento del presupuesto del tribunal para 2019, que por primera vez desde la reforma judicial de 1995 fue recortado por la Cámara de Diputados en relación al año anterior, al caer de 5 mil 635 a 4 mil 657 millones de pesos.
Cada CCJ tiene entre siete y ocho empleados, y las plazas respectivas serán suprimidas, según oficios entregados a principios de agosto a los trabajadores, en los que se da por terminada la relación laboral y se informa que se pagará la indemnización de ley.
“La reestructuración aludida obedece a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal emprendidas por este máximo tribunal”, dicen los oficios firmados por el Director General de Recursos Humanos, Pedro Rivera Hess.
Consultada por REFORMA, la Corte explicó que la eliminación de las CCJ se hizo con base en criterios como su desempeño y productividad, alcance de población objetivo, existencia de otras casas de la cultura en la misma entidad, número de asistentes, número de sesiones y existencia de archivo histórico, entre otros.
Las CCJ que dejarán de operar son las de Mexicali, Ensenada, Celaya, Nuevo Laredo, Matamoros, Uruapan, Tapachula, Ciudad Obregón, así como en las capitales estatales de Chihuahua y Guanajuato.
Además de resguardar archivos históricos y contar con bibliotecas para investigación, en las CCJ se realizan conferencias y cursos presenciales y virtuales.
El programa arrancó a mediados de la década de los 90, y durante 20 años, la Corte fue acumulando inmuebles para expandirlo, precisamente por la abundancia presupuestal que le permitió crear otras instituciones paralelas, como el Canal Judicial.
Sin embargo, cada CCJ también implica gastos permanentes, no solo para pago de empleados, sino los propios de mantenimiento y mejoras a los inmuebles, de tal forma que en 2018, absorbieron el 8.5 por ciento del presupuesto ejercido por la Corte.
Fuente: Reforma
