La vertiginosa transformación de la Nación nos ha familiarizado con el uso del decálogo de la voluntad gubernamental, que lo mismo transita de la política, a la economía, a la ética, o al bienestar social, sin que hasta ahora, las soluciones hayan sido planteadas en stricto sensu como una función programática dirigida a una ruta política expresa, sin vacilaciones y fuera de una retórica reactiva, en la planeación democrática del Estado.
La República Amorosa, desconcertada, confundida e indecisa, ha trastocado la claridad del discurso político y la vitalidad del disenso y el consenso democrático, yendo lo mismo desde una consulta popular, hasta la impopularidad de la verticalidad gubernamental; proceder que nos llena de dudas, espacios ciegos y recovecos, que en nombre de la transformación política del país nos acerca a un porvenir, avizorado sólo desde el populismo o el fascismo.
A esta paradójica realidad política se suma hoy el llamado a la espiritualidad cívica, imaginario donde las acciones sacras se adhieren a la piel gubernamental, tratando de impulsar desde la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, un sincretismo entre la neutralidad laica del Estado y la moral religiosa, enuna especie de “Tratado del recto uso de los derechos políticos y la política”, con un basamento cuasi canónico: “Hay un sentimiento que acompaña la existencia humana y del cual ningún espíritu claro puede desprenderse. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros.”
Desde esta retórica de “comunión social”, el quehacer público se inviste de un halo sacramental, que marca una frágil línea entre el laicismo político y lo sagrado, condición peligrosa que nuestro Contrato Social salvó a través de una racionalidad política, que confiere al Estado la armonización de la diversidad humana mediante el uso de la ley como principio de Paz Social.
En la entrega de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, participa la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), que preside Arturo Farela; mientras que la Iglesia Católica de México se ha negado a difundir la Cartilla Moral, por considerarla un texto no afín a sus principios y a los cometidos como institución eclesiástica.
Es evidente que este escenario describe una conducta gubernamental perniciosa, en la cual se predispone el uso del Estado en una conciliación absurda e indolente, que intenta empatar contextos que de ninguna manera están concebidos en el ejercicio público, condición que lastima a nuestra Carta Magna y hace tabla rasa de los principios democráticos de la Nación.
En este juego de lógica política maniquea, se percibe que si bien es cierto el Estado se separó de la iglesia y de la tutela religiosa, ahora la iglesia no se separa del Estado. ¿Será porque pretende concesiones de medios de comunicación, radio y televisión, y derechos políticos para acceder al poder público, con puestos de elección popular?
Al respecto, Miguel Carbonell nos recuerda que, “Juárez no solo fue un reformador, sino un presidente comprometido con la separación entre el Estado y las iglesias…”, y llama la atención sobre la silenciosa postura del gobierno, que “…enarbola un discurso juarista y nadie eleva la voz ni aplica la ley de la materia”.
Esta perturbación gubernamental, nos muestra un enfermizo proceder que amenaza la paz y estabilidad social, reduciendo el quehacer público a la hegemonía impropia de la política voluntarista, que lejos de armonizar a la sociedad, crea heridas que no cicatrizan, genera desencuentros inusitados y polariza las fuerzas sociales.
Claramente, están equivocando el camino.
Ningún gobierno independiente puede subsanar el quiebre social cuando hace de la relación Estado-Iglesia, la parafernalia del utilitarismo político, porque la materialidad del voto no coexiste con la inmaterialidad espiritual.
Pragmatismo político y legitimidad política son condiciones antitéticas de la construcción jurídica y no pueden ser empalmadas desde una ética secular, ya que el que no conoce a Dios a cualquier santo se encomienda, pero el que no conoce la política, está condenado a caer presa de tiranos o regímenes odiosos.
Podemos estar de acuerdo con la ideología del nuevo gobierno, ese es el basamento de nuestros derechos políticos y humanos, “pero no se puede hacer del ejercicio de gobierno la creación de un nuevo credo: el entendimiento de la política con la religión”, ese es un despropósito que pretende instigar desde el pragmatismo sórdido, las ventajas del utilitarismo de aquellos que confunden el ejercicio de gobierno con la Fe.
El Estado Laico, por demoniaco que parezca, no es la antítesis de la razón contra la creación. Por el contrario, nuestro Contrato Social hace de la ideología, el credo, de la educación, el derecho y la ciudadanía; los activos de una tolerancia inteligente, que se abre en nuestros días a la libertad de género y sexual; que admite el disenso dentro de la ley como posibilidad exigible de la diversidad y concordia social; que hace de la democracia y la política, expresiones idóneas para la toma del poder público; pero sobre todo, respeta la expresión republicana del laicismo como vía de estabilidad publica, producto de las conquistas ciudadanas que dieron origen a la Nación.
Nadie puede ni debe olvidar la voluntad del pueblo. Gobernar al margen de él, implica transitar hacia la oligarquía, donde sólo un pequeño grupo tiene el poder de las instituciones gubernamentales y concentra el acceso a los recursos económicos, políticos y sociales, y excluye toda legitimidad, racionalidad y civilidad ciudadana, lo que de ninguna manera puede sucumbir ante la buena voluntad mesiánica.
México es una república laica, que permite e impulsa la libertad de culto y de conciencia. No transige como Estado con el autoritarismo o la tiranía, porque en ellas se encierra el menoscabo de la ley y la libertad, principios valóricos por los cuales los mexicanos han entregado su vida para hacer del Estado Democrático de Derecho, el verdadero espíritu republicano que vela por la concordia de los ciudadanos, más allá de la transformación de la Nación.
Agenda
- Primero fue la inconstitucional Ley Bonilla en Baja California que amplía el mandato al gobernador de dos a cinco años y ahora tocó el turno al Congreso del Estado de Tabasco, que aprobó la llamada Ley del Garrote para encarcelar hasta por veinte años a quienes se manifiesten en contra la obra pública. Se rumora que dicha ley fue pedimento expreso del Gobierno Federal para blindar la construcción de la Refinería de Dos Bocas.
- Estas embestidas contra la Constitución, ¿serán acaso una estrategia para ver a donde pegan, y ya entrados en gastos, explorar la reelección?
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