Las operaciones del abogado Juan Ramón Collado, con las que presuntamente hizo la compra ilegal de un edificio comercial valuado en 700 millones de pesos en Querétaro, contaron con la presunta participación de al menos 50 personas, entre ellas 9 notarios públicos de tres diferentes estados de la República Mexicana, de acuerdo con una investigación hecha por Animal Político.
Cuatro de estas personas denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente por emitir ilegalmente una carta poder, con la que se concretó la venta del bien.
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio de los estados de Querétaro, Nuevo León y Estado de México, los integrantes de esta red realizaron (por lo menos en el papel) una serie de movimientos mercantiles conectados entre sí y los principales socios de 4 empresas que, a su vez, están relacionados directamente con la compra-venta del bien.
Por la forma de operar se observa un sofisticado mecanismo donde, con un día o dos de diferencia, se convocaba a asambleas que permitían cambiar de dueños o representantes legales de las empresas involucradas, y aumentar sus ganancias.
En una de esas operaciones, por ejemplo, se inyectó 57 millones de pesos a una de las compañías.
Los 50 nombres de socios, apoderados, comisarios y notarios aparecen en las actas constitutivas y asambleas de las 4 empresas que desde el pasado 7 de junio son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a solicitud del empresario queretano Sergio Hugo Bustamante quien denunció el robo de su identidad, con el fin de vender la millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V. (Libertad), que dirige Juan Collado…
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