¿Para los partidos políticos, tiene algún significado la voluntad soberana del pueblo? ¿Cómo entienden el principio de representación democrática? ¿Qué les depara a los ciudadanos la arbitrariedad política de los poderes públicos? ¿Es un golpe de Estado que un poder público suplante la voluntad del pueblo?
La herida que causó el Congreso del Estado al pueblo de Baja California decretando la ampliación del mandato del Gobernador electo de dos a cinco años, es una afrenta que viola la dignidad y la conciencia política de la Nación y una conducta espuria del Poder Legislativo que incumple la voluntad soberana y fractura los valores que le dan cauce a la democracia como basamento armónico civilizatorio del Contrato Social.
¿Para los legisladores tendrá algún valor la protesta que hicieron de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley?
No, no tiene ningún valor. A los legisladores no les interesa cumplir con el orden constitucional establecido. A estas élites del poder, sólo les atrae el ejercicio de una política arbitraria de usos verticales, sin que les importe violar la libertad y la dignidad humana, como premisas fundamentales de la democracia.
No entienden que el valor supremo de la política y de la democracia es preservar la voluntad del tejido social y edificar con el consenso y el disenso, la columna vertebral del entendimiento y la convivencia social armónica.
El golpe de estado infringido por el Poder Legislativo de Baja California decretando la ampliación del mandato del gobernador electo, ha provocado una crispación que ya tienen un costo social y político sin precedente, porque es claro que los agravios y el fraude parlamentario cometidos, son avalados de manera flagrante por el Poder Público, de ahí los intentos por acallar las voces críticas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que se oponen a este “modelo político de la transformación.”
El efecto dominó de esta felonía, provocará que se multiplique, violando las entrañas de la estructura jurídica, al tiempo que hará posible que esta arbitrariedad se erija en cualquier parte de la Nación, bajo la veleidad de algún grupo político que pretenda “ampliar o reducir un período gubernamental”, actualizando en los hechos los presupuestos de la “reelección y la revocación del mandato.”
Al respecto el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas señala: “Si bien este acto no representa una reelección, si se le parece, y el riesgo detrás de ello, es que cualquier congreso repita la medida en favor de algún candidato.”
Más temprano que tarde, discrecionalmente algunos municipios de Baja California emularon el uso arbitrario de facultades, y amparados con patente de corsario, consumaron el atraco a la democracia, que ha causado vergüenza, desolación y estigmatización de la función pública, porque huele a chantaje, corrupción e impunidad.
Estos tiempos aciagos de la política nacional son los de una democracia sin pueblo. La horizontalidad ciudadana ha sido cercenada; la omnipotencia de la clase política, se erige en juez y parte; la voluntad del pueblo es una masa amorfa, carente de conciencia, que irónicamente es burlada por quienes niegan la emancipación política de la representación popular.
El lastre del utilitarismo político del Poder Legislativo es grave, delicado y extremo. No respeta las instituciones democráticas; se conduce con la opacidad propia de una dictadura; y contraviene de manera espuria y arbitraria, la voz del pueblo y el mandato de las urnas.
Este nocivo ejemplo del Congreso de Baja California, presagia una transformación que pretende imponer la voluntad sobre la razón y la lógica institucional; suplantar el mandato ciudadano; y destruir las entrañas de nuestra democracia, que imperfecta o no, crea las condiciones para que la armonización de la sociedad encause decisiones soberanas.
En este contexto, resulta extraña la tibia desaprobación del Presidente López Obrador, las absurdas declaraciones del Sub Secretario de Gobernación y el tardío y sospechoso silencio de la Secretaria de Gobernación.
¿Ustedes creen que los poderes públicos violaron el orden constitucional por ignorancia o por ingenuidad?
Desde luego que no. Se trata de una franca perversión política de los poderes públicos, que en la barbarie, usurpan la soberanía del pueblo; secuestran su voluntad política para crear ínsulas de poder fincadas en la fuerza y no en la razón; hacen de la política botín de unos cuantos, en detrimento de las estructuras democráticas; y sustentan en una masa amorfa de frases y voluntarismos, una retórica de vacilación y buenos deseos, fuera de la racionalidad institucional.
La ampliación de mandato edificada desde el Congreso de Baja California, es una condición inaceptable y más allá de su denuncia, se debe rechazar y exigir la restitución de la voluntad soberana de los bajacalifornianos.
Es contradictorio impulsar una transformación de la política nacional, permitiendo que una “mafia del poder” sea capaz de secuestrar al pueblo y crear un poder autocrático concentrado en una sola persona, evidenciando que el gobierno del pueblo y por el pueblo es una pantomima, donde los titiriteros hacen teatro de la realidad.
El Poder Legislativo de Baja California no es un ente omnímodo carente de lógica jurídica formal, ni mucho menos una ínsula política. Es una estructura pública que armoniza su interacción mediante el voto de las fracciones parlamentarias que lo integran. Nadie ignora que el voto de los legisladores depende de las indicaciones, directrices y lineamientos que reciben de sus partidos políticos.
Ni Congresos ni Ayuntamientos, deben olvidar que su valor está en aprobar leyes y reglamentos que dignifiquen a la sociedad. Que su desempeño debe fortalecer el juego de pesos y contrapesos, que responda a la voluntad soberana del pueblo y preserve la vigencia del principio de representación popular que ostentan.
La democracia como dimensión normativa, prescribe el derecho de una realidad social específica, y es aquí donde la representación popular del Congreso debe concretar la construcción de la ley y el derecho. Esta prerrogativa no puede ser violada o suplantada por los legisladores, porque no tienen competencia, ni potestad, ni mucho menos facultades.
Agenda
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- El Presidente rechazó el nombre de Plan de Negocios de Pemex porque refiere un concepto neoliberal, precisando que es un Plan de Reestructuración Financiera, que reducirá la carga fiscal y aplicará recursos públicos.
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