La creciente escalada de ultrajes y violaciones a los derechos humanos en México, contrario a lo que piensa el Presidente, constituye una vergüenza pública porque vulnera el Estado Democrático de Derecho, que deja de ser garante de la preservación de la dignidad humana; del cumplimiento de acuerdos internacionales y, sobre todas las cosas, por dejar de proteger la libertad y de salvaguardar la vida, su calidad y el desarrollo humano.

El pasado 10 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación No. 29/2019, “Sobre el Caso de la Violación a los Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, a los titulares de las secretarías de Bienestar y Hacienda; y a los de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y del DIF Nacional, por la decisión de cancelar el Programa de Estancias Infantiles, lo que vulnera los derechos de niños, padres de familia y responsables y trabajadoras de guarderías.

Sin diagnóstico previo, permeado por la objetividad y por un análisis acucioso de la información del programa de Estancias Infantiles, la Secretaría de Hacienda autorizó el destino de los recursos sin las ponderaciones pertinentes, lo que enrareció el clima de transparencia y probidad que el gobierno de López Obrador ha marcado, al menos en la retórica.

Sustentan la recomendación, 204 quejas presentadas por la cancelación del programa federal, que violó los derechos de 5,340 personas, y las irregularidades del Censo de Bienestar, tanto por la discrecionalidad en la inscripción al nuevo programa de apoyo a las madres trabajadoras, como por su inoperancia, que segregó a 6,620 personas de los estados de Veracruz, Sonora, Chiapas y Puebla, que no fueron censadas.

En la mesa de discusión, frente al gobierno está la Recomendación de la CNDH, que considera que el nuevo programa de la Secretaría del Bienestar no implica la sustitución del Programa de Estancias Infantiles; que esuna medida regresiva que viola los derechos humanos de los niños; que disminuye el estándar de protección; y no ha probado, en el propósito de garantizar la prestación del servicio a los menores y a los padres de familia, que entregar los recursos de manera directa a los beneficiarios, resulta mejor que hacerlo a las Estancias Infantiles.

Desde la “mañanera”, el Ejecutivo Federal, sin fundamentar su negativa, lanzó un huracán de descalificaciones para rechazar la recomendación de la CNDH: “es como el mundo al revés”, “es aberrante”, “es una vergüenza”, “va en contra de los derechos humanos”, con lo que desinforma y genera una percepción social equivocada de la importante responsabilidad del Estado en la preservación de los derechos de niñas y niños.

Nunca un gobierno de México había sido rebelde a una recomendación que prohijara los derechos humanos; marcara pesos y contrapesos al proceder gubernamental; y velara por la dignidad del tejido social.

El vergonzoso rechazo de la Recomendación de la CNDH, evidencia una actitud que erosiona los compromisos del Estado Mexicano, que desde 1948 reconoció la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que fijó nuevos diálogos de horizontalidad societal y marcó el rumbo de los derechos fundamentales en nuestro Contrato Social.

La reactividad política del país, presagia una de las mayores tormentas de Estado y abren un capítulo de desencuentros, no sólo por el percance social de las Estancias Infantiles, sino por los excesos de la Guardia Nacional, que están ocasionando tensiones frente al éxodo migrante. En este contexto, no debe ignorarse el Informe 2019 de The Human Rights Watch, que indica abusos militares e impunidad, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra periodistas, violación de derechos de mujeres y niñas, migrantes y solicitantes de asilo, así como graves prácticas y anomalías del sistema de justicia penal… en fin, la caldera del diablo…

En este delicado contexto, el tema de la Recomendación de la CNDH sobre las Estancias Infantiles, abre para el Estado un nuevo frente para que los organismos internacionales de derechos humanos, sigan impugnando la actuación del gobierno y la pesadumbre social que existe en el país.

Es probable que el conflicto de las Estancias Infantiles, se materialice en una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al considerarse grave y sistemático, lo cual sería una situación delicada para el país. El nuevo programa de la Secretaría del Bienestar es regresivo, porque es contrario al principio de progresividad, dejar en el desamparo a 330 mil niños, que eran atendidos en Estancias Infantiles, máxime cuando en el tema pesa la Recomendación 49/2009, del caso de la Guardería ABC, que estableció la Garantía de no Repetición para que el Estado garantizara que los lugares donde se cuiden a los niños, tuvieran condiciones de seguridad para no ponerlos en riesgo y no violar el interés superior de la niñez.

Frente a este escenario, la retórica populista no sirve, porque lo que se debe construir es una Agenda de Gestión Pública y de Gobierno de los Derechos Humanos, donde el respaldo de una racionalidad pública custodie el bienestar del tejido social y otorgue certidumbre y probidad a las estructuras de gobierno, para que el Estado cumpla su obligación irrestricta de preservarlos.

Los gobiernos opresores de la dignidad humana se esconden en las retóricas de la transformación social. La estructura jurídica no puede convertirse en un perro mastín, que amenace a la sociedad. El fascismo y el nazismo dejaron sus huellas claras, al fracturar todo vestigio de concordia y paz social, que no debemos olvidar.

Como lo señala la CNDH en su posicionamiento ante las declaraciones de la Presidencia de la República: “México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad. La vigencia de los derechos humanos no puede condicionarse a intereses o coyunturas políticas, ideológicas, económicas o de cualquier otra índole.”

Agenda

• Se aprobó la Ley de Austeridad Republicana, que aprueba una partida secreta que el Presidente puede usar a discreción, por lo que en el debate propusieron que debería llamarse Ley de Corrupción Republicana…
• Ahora tocó a empleados y trabajadores de los medios de comunicación públicos, Agencia Notimex, Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y Canal Once, sufrir despidos y maltratos, en los que incluso llegaron a usar la policía para sacarlos de su lugar de trabajo.
• La ausencia de un proceso de transición para la incorporación de la Policía Federal a la Guardia Nacional, ocasionó un serio conflicto que mostró una vez más las torpezas de una estructura administrativa improvisada.

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