En el año 2016 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que fija a los estados-miembro, compromisos para garantizar seguridad y condiciones de desarrollo para los migrantes en un marco de respeto a los derechos humanos, condición que México apoya y pretende armonizar poniendo en marcha diversas acciones que den cauce a la actual crisis política con el gobierno de Estados Unidos.
México siempre ha sido un país sensible y respetuoso de los derechos humanos y solidario con los procesos de migración política y laboral, como lo implicaron el exilio español recibido por el Presidente Lázaro Cárdenas y la migración política de chilenos, argentinos y uruguayos, recibida por el Presidente Luis Echeverría, lo que constituye el marco precedente del actual flujo migratorio que atraviesa el país para llegar a los Estados Unidos.
Frente al creciente fenómeno migratorio, en marzo pasado el Presidente López Obrador y Alicia Bárcena, Secretaria General de la CEPAL, presentaron un Plan de Desarrollo Integral con países de Centroamérica, basado en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental, y gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana.
Empero, el ultimátum seudo-arancelario de Estados Unidos al gobierno de México, invirtió el paradigma de solidaridad internacional en materia de migración, para trascender a un “Plan de Seguridad y Migración (PSM)” que como un “nuevo muro de Trump”, concilie el desencuentro político y los impactos hostiles.
El PSM anunciado por el gobierno, por una parte constituye una medida reactiva de contención migratoria, al considerar el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional; apoyo de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM); acciones de la Secretaría de Bienestar para la entrega de programas sociales; definición de puntos de entrada y número de solicitantes de asilo; registro de migrantes e información de a qué vienen y por qué vienen; y revisión de la situación de los migrantes retornados de Estados Unidos que han pedido asilo.
Este enfoque traza una recomposición en materia migratoria contraria al discurso de brazos abiertos y amnistía de las comparecencias mañaneras, ya que el creciente uso de la Guardia Nacional para contenerla, suscita serias dudas, porque su actuación será “no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de esos grupos violentos“.
Pero por otra parte, la visión de largo plazo del PSM tiene un sentido integracionista que compromete como solución alternativa humanitaria y de protección, la implementación de un Plan de Desarrollo Integral con países de Centroamérica, que atienda las causas de la migración; fomente las inversiones para el desarrollo económico creando una “zona de prosperidad”; y sume el apoyo del Secretario General de la ONU, António Guterres, para la participación de 14 Agencias de esta Organización Internacional.
Pero si fracasan las medidas para frenar el flujo de migrantes, entonces México tendrá que “discutir” un acuerdo que lo convertirá en Tercer País Seguro, comprometiéndose a recibir a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos hasta que sus casos sean atendidos en cortes estadounidenses, que aplicarán la Sección 235-B2C de la ley de migración.
Esta condición advierte un delicado escenario de crisis social, tanto por los brotes xenófobos, como por la convivencia de los migrantes con los connacionales. Por ello es prioritario contar con el apoyo económico de Estados Unidos, de la comunidad internacional y de sus organismos multilaterales, para que el PSM y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, no queden en un intento fallido.
El reto estriba en determinar, ¿cuál es la capacidad del gobierno para generar respuestas de desarrollo, educación, salud, empleo y bienestar social, cuando hasta ahora el déficit en estas materias manifiesta que no se han resuelto estos problemas para los mexicanos?
Ante esta perspectiva, a nadie debe extrañar que sin los apoyos internacionales, la migración se sumará a la larga cadena de amargura social que en estos momentos viven millones de mexicanos por los problemas endogámicos sin resolver, como la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el pandemonio de la corrupción e impunidad.
No basta con la voluntad política para atender un problema que rebasa las capacidades de respuesta gubernamental. Es un desafío para el cual ninguna administración a nivel mundial está preparada. El problema migratorio es un fenómeno multilateral y no puede ser admitido como responsabilidad exclusiva del gobierno mexicano.
Lo patético es que el Presidente López Obrador haya citado a la Biblia como referencia de guía espiritual para ver en la hermandad social, la respuesta a un problema terreno como lo es la migración, que en un escenario de alta peligrosidad y tensión social por el clima de desolación y desesperanza, reclama un delicado equilibrio en la respuesta del Estado, entre la atención de la seguridad de nuestras fronteras y el despliegue de la Guardia Nacional, que ya da visos de “mano dura”.
La dimensión humana y el dinamismo de la inserción migratoria, no sólo en México sino a nivel internacional, exigen una concertación de estados. Las conversaciones que se han iniciado con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, deben perfilar la creación de un Sistema de Gestión Migratoria (SGM), como base de una estandarización de políticas de Estado, que puedan reorientar la respuesta gubernamental de manera multilateral.
El plazo perentorio que Estados Unidos le fijó a México para evaluar la contención de la migración es de 45 días; esto es poco menos que el apocalipsis, porque el problema rebasa la capacidad de respuesta no sólo de México, sino también de Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que tan sólo en lo que va de este año, de acuerdo a los datos de ACNUR, han cruzado por territorio nacional casi 600 mil migrantes, cifra sólo superada por el desplazamiento de personas en la Segunda Guerra Mundial.
El corolario de esta tragedia política frente a los apetitos de la Ley del Garrote de Donald Trump, que ya se frota las manos por aplicar su chantaje arancelario de no frenarse la migración,presagia graves dificultades para México, sin que exista poder mesiánico ni bíblico que lo pueda evitar.
Agenda
- Contradictoria la medida de cerrar las Unidades Médicas Urbanas del Programa IMSS-Prospera, cuando a los migrantes se les ofrece salud, educación y empleo.
- Al estilo del Quijote de la Mancha, que veía desaforados gigantes en los molinos de viento, se arremetió contra quienes comentaron el desplome de las cifras de creación de empleos del IMSS, al caer 88.27% en relación a 2018.
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