Por: Lulú de Koster
En la Jornada de Monitoreo y Evaluación para el Combate a la Corrupción en Coahuila, Lourdes Morales Canales, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), habló en Saltillo de un tema que refleja la posible falta de regulación en municipios y que tiene que ver con el gasto en servicios personales y la inversión pública que cada año reportan ayuntamientos en el país y en Coahuila.
En su ponencia y como parte de la agenda desplegada desde la Auditoría Superior del Estado, Lourdes Morales mencionó lo que llamó el abuso del lenguaje legalista en los discursos y políticas tendientes a prevenir o controlar la corrupción en México.
Ya que se piensa que la arbitrariedad en la interpretación de la ley es un factor que incentiva la corrupción y “¿qué pasa cuando las leyes están mal hechas, cuando las leyes son diseñadas a modo?… es cuando ese discurso se acota, porque hay un tipo de corrupción que se llama corrupción legal y que son espacios que permite la ley para el abuso de la discrecionalidad o para el uso del recurso público, eso nos preocupa”.
La investigadora del CIDE colocó otro asunto que incluso en este mismo espacio editorial, habíamos comentado. Y es el manejo de los recursos y el “desorden” en el gasto que observan rubros como el de servicios personales en las ciudades, que tiene que ver con la nómina y contratación de colaboradores, y la disminución en la inversión de obra pública municipal.
Y es que basta con revisar por ejemplo, el más reciente Informe Anual de Resultados, el que corresponde al 2017 –que es un documento público –presentado por la Auditoría Superior del Estado (Coahuila), en donde se puede acceder al Informe de Resultados de la Gestión Financiera de los Municipios, que detalla aspectos como la necesidad de que algunos municipios implementen acciones de austeridad y ahorro en su burocracia.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se puede señalar que el municipio de Progreso es el que tiene menor proporción de gasto destinado a servicios personales, con 13 por ciento. Mientras que en Sacramento el 67% del gasto es para sueldos. En total, los 38 municipios gastan 33 pesos de cada 100 en este rubro.
Un tema complejo y en el que habría que trabajar una estrategia conjunta para revertir estos índices que pueden o no ser una limitante para obras como la pavimentación de calles, introducción de servicios de agua potable, seguridad, energía eléctrica, bacheo, etcétera.
La plataforma incluye indicadores como el presupuesto municipal en infraestructura. En el Informe y de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública del mismo año, se observa que el Municipio de Progreso es el que más gastó en obra pública con un 73 por ciento. Pero, en Lamadrid, el 2% del gasto se fue para servicios que requieren los habitantes de esta localidad. La cifra global en municipios es del 25%. Menos obra pública, más gasto en servicios personales.
Fuente: Milenio
