Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal para impugnar un amparo que ordena nombrar a los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y exige se justifiquen plenamente las capacidades y perfil de los elegidos.
La Ministra Norma Piña notificó el viernes por la tarde que la controversia, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, es notoriamente improcedente, pues este recurso no es admisible para cuestionar sentencias de amparo dictadas por los tribunales colegiados de circuito, que son definitivas e inatacables.
Es la primera vez desde que se reglamentaron las controversias constitucionales en 1995, que el Ejecutivo utiliza este recurso para cuestionar un amparo, en este caso el concedido el 12 de abril por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en favor del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA.
La Consejería puede impugnar el fallo de Piña ante una de las Salas de la Corte, y podría argumentar que dos controversias recientes contras sentencias de tribunales colegiados sí fueron admitidas, una presentada por el Poder Judicial de Nuevo León y otra por el Congreso de Colima.
En su demanda, la Consejería alega que el tribunal colegiado “invade esferas competenciales, con motivo del desconocimiento de la facultad y competencia Constitucional del titular del Ejecutivo Federal, de designar a los Magistrados que integran la Tercera Sección y las cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)”.
Estos magistrados son los que impondrán las sanciones en casos graves de corrupción, pero el Senado nunca rechazó ni aprobó los 18 nombramientos enviados por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto en abril de 2017, criticados por el propio CPC del SNA.
El amparo ordena al Senado llevar a cabo comparecencias con los 18 nombrados por Peña, lo que hará el 17 y 18 de junio, valorar si tienen el perfil idóneo y votar para ratificar o rechazar.
En caso de rechazo, se ordena al Ejecutivo realizar nuevos nombramientos, pero justificando que los elegidos tienen el perfil idóneo, y observando puntualmente los lineamientos y directrices fijados en esta sentencia.
Es decir, si el Senado rechaza a todos o a la mayoría de los designados por Peña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podría simplemente mandar 18 nuevos nombres, sino que tendría que justificar por qué son idóneos para ser magistrados anticorrupción.
“Para cumplir con el perfil de idoneidad de los magistrados designados por el Ejecutivo Federal, es insuficiente asentar los datos curriculares y la relación de cargos desempeñados, pues para estimar colmadas las exigencias constitucionales y legales se requiere justificar plenamente sus cualidades, conocimientos y experiencia, que resultan de suma relevancia”, ordenó el Tribunal.
Fuente: Reforma