El crecimiento de la violencia en México plantea la necesidad de nuevos paradigmas de seguridad pública; una reingeniería constitucional y legal; y la implementación de políticas públicas y estrategias que ordenen un rol constructivo y proactivo del Estado, capaz de preservar y salvaguardar la integridad social del país.
Frente a la crisis de inseguridad, se aprobó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y su marco reglamentario, integrado por la Ley Orgánica de la Guardia Nacional; reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley General del Registro de Detenciones; y la Ley del Uso de la Fuerza.
Este marco jurídico pretende prohijar un cuerpo de seguridad que actúe en coordinación y colaboración con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios. Sus objetivos, acciones, organización y funcionamiento, se instrumentan en un diseño operativo conceptualizado en el Decreto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) aprobada por la Cámara de Senadores.
Empero, en este escenario de reorientación constitucional y legal en materia de seguridad, el Presidente López Obrador declaró a la prensa, “No descarto la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con todos”. Esta frase ambigua resulta lapidaria ante la posibilidad de establecer acuerdos con grupos delictivos, lo que se aleja de los protocolos mundiales y demerita la certidumbre y pulcritud de una medida que exige drásticos cambios y un comportamiento institucional y social que no admite vacilaciones, ni dobles discursos.
En este contexto, la postura del Poder Ejecutivo es inadmisible para el poder político. No se puede transigir la pacificación dialogando con grupos delictivos. Hacerlo implica someter a la Ley y al Estado a la veleidad del bandido, condición que resta credibilidad al ejercicio del poder y debilita la institucionalidad.
A pesar que los desafíos de seguridad se multiplican como lo muestran los elevados índices delictivos, actuar sin los trazos de responsabilidad pública que exige la sociedad, es retórica demagógica que propicia la construcción de quimeras y paraísos hipotéticos; causa la caída a un limbo político en diferentes dimensiones; y provoca un frenesí social, porque los ciudadanos están en plena indefensión ante la inoperatividad de las medidas instrumentadas hasta ahora.
Esta realidad impone cuestionar si los enfoques del Poder Ejecutivo al déficit de Seguridad Pública y su combate, son suficientes para concretar las buenas intenciones y las medidas descritas por el gobierno en la ENSP, que aún no trascienden del papel a la realidad.
Los ocho objetivos de la ENSP, son: I. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, II. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, III. Pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos, IV. Regeneración ética de la sociedad, V. Reformular el combate a las drogas, VI. Emprender la construcción de la paz, VII. Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios y, VIII. Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz; todos ellos loables, pero sujetos a los resultados que avalen su efectividad.
El círculo de acción gubernamental planteado para el resguardo ciudadano, se cierra con la operación e implementación de: A). Nuevo Modelo Policial, B). Prevención del Delito, C). Estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana, D). Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, E). Estrategia de combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos, F). Estrategia de combate al uso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, correspondiendo la responsabilidad del abatimiento de estos delitos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), G). Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia, H). Estrategia para combatir el Robo a autotransporte y pasajeros en carreteras e, I). Estrategia para abatir el tráfico de armas.
En perspectiva, la ENSP atiende a un estado de emergencia nacional, pero subsisten cuestionamientos de fondo respecto al denodado empeño del Presidente de que la implementación de la Guardia Nacional es la solución al problema de la inseguridad. Falta ver si es posible y viable que la Guardia Nacional logre la seguridad pública, por ser básicamente una fuerza de orientación castrense, preparada para la defensa nacional.
Al respecto, las dudas siguen expresándose en dos vertientes concretas. En primer término, una fuerza castrense no asume los mismos protocolos que una fuerza policial; la primera está preparada para el ataque y la segunda para la defensa ciudadana. En segundo lugar, los elementos de la Guardia Nacional tienen una formación militar que no atiende las lógicas de seguridad pública, por lo que esperar una metamorfosis de civilizar a un militar es tan complicado como militarizar a un policía.
El consenso ciudadano en este sentido, estriba en que reestructurar la seguridad pública y avanzar en la armonización y pacificación del país es impostergable, por lo que exige atender la seguridad preventiva; garantizar un uso racional, mesurado y disuasivo de la fuerza del Estado; y generar cambios significativos vinculados a la planeación sociocultural de la seguridad.
Preocupa que la puesta en marcha de la ENSP se da en medio de tensiones ciudadanas que han generado percepciones encontradas, que advierten por una parte, una posible guerra sin límites entre el Estado y los grupos delictivos, realidad no lejana ante las evidencias empíricas y la desconfianza en el enfoque militarizado de la seguridad pública, que ha primado en el país; y por otra, el malestar de entrar al limbo de la amnistía de grupos delictivos con un “acuerdo de paz para todos” porque se perpetúan la impunidad, el olvido, y las heridas sociales.
Con el alma grande de la inteligencia cierta, habrá que dar el beneficio de la duda a la puesta en marcha de la ENSP y al marco jurídico reglamentario de la Guardia Nacional, esperando que esta reingeniería constitucional y legal, tenga como resultado pacificar el porvenir de la Nación.
Agenda
- El Director General del Seguro Social Germán Martínez, presentó su renuncia al Consejo Técnico de esa institución, denunciando múltiples contradicciones del actual gobierno, acusando de forma insólita la injerencia de políticos y funcionarios neoliberales de la Secretaría de Hacienda, a quienes reprochó la imposición de recortes presupuestales que impactan la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes.
- En el mismo contexto, los directores de los institutos y hospitales nacionales de salud pública, denunciaron los problemas que enfrentan por el recorte presupuestal y la retención de 2 mil 300 millones de pesos.
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