“La democratización efectiva se mide por la participación y acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación”.

Jacques Derrida

Cuando todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad para acceder a los archivos públicos, entonces podremos hablar de una democratización de la información. Para lograr esta igualdad, es imprescindible desarrollar e implementar políticas públicas en materia de archivos.

Si bien hoy contamos con una Ley Federal de Archivos, la cual representa un paso importante, al menos para el ámbito de los tres Poderes Federales, no deja de ser urgente un instrumento jurídico de mayor alcance, que acompañe y sustente la demanda de una piso común en el tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, como pudiera ser una Ley General de Archivos. Lo anterior ayudaría a diseñar políticas públicas que comprendan todos los archivos del país.

En este orden de ideas, un elemento relevante de una política pública es el derecho de acceso a los archivos, el cual, a la luz del derecho a la información consagrado en el artículo 6º Constitucional, no debe entenderse como un privilegio concedido sólo a los investigadores, sino que, como se afirmó en un estudio RAMP denominado: “Los obstáculos que se oponen al acceso, a la utilización y a la transferencia de la información conservada en los archivos” promovido y publicado por la UNESCO en 1983, es un derecho que debe ser garantizado a todos los ciudadanos1. El derecho de acceso a los archivos gubernamentales se podría, finalmente derivar del derecho que tienen los ciudadanos a controlar los actos de los funcionarios, tal como ya enunciaba en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 15 con estas palabras: “los agentes públicos deben rendir cuenta de su administración”2.

El acceso a los archivos es un anhelo expresado desde hace por lo menos 36 años en el seno de los organismos internacionales como la UNESCO, donde, por ejemplo, en una reunión de expertos para el desarrollo de los archivos nacionales de América Latina llevado a cabo en Bogotá, Colombia en 1976, se puntualizaba en su informe final que, dicho acceso es un derecho de todo individuo que debería estar reportado en una ley general de archivos3.

La Declaración Universal sobre los Archivos auspiciada por el Consejo Internacional de Archivos en su postulado inicial señala que “el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”, por ello invita a los gobiernos a adaptar políticas y normas legales en el rubro de los archivos. Asimismo, el Comité de Buenas Prácticas y Normas del mismo organismo, propone como una buena práctica adoptar el principio de acceso a los archivos4. Igualmente, el movimiento Open Government Partnership en su declaración sobre el gobierno abierto, señala como compromiso la promoción de la disponibilidad de la información sobre actividades gubernamentales, y lo anterior no se puede dar, sino en base a sistemas de información y archivos con estándares internacionales5.

Ante estas tendencias, nos damos cuenta que en México el poder ejecutivo no tiene en mente, al menos de manera inmediata, diseñar alguna política pública y global en materia de archivos. Veamos de cerca este hecho.

El proyecto de iniciativa relacionado con el tema de transparencia y acceso a la información presentada por Enrique Peña cuando era aún presidente electo, en lo referente al inciso “f” relativo al fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado Mexicano se habla de la pertinencia de la coordinación del órgano garante con otras instancias que forman parte del espectro más amplio y, el cual, debe estar armonizado para coadyuvar a este propósito, como es el caso del sistema nacional de fiscalización encabezado por la Auditoria Superior de la Federación y del sistema nacional de archivos presidido por el Archivos General de la Nación. Esta es la única alusión al tema en el documento y, no obstante que se cita a instancias internacionales como el movimiento por un gobierno abierto, no se vuelve a tocar la cuestión en el resto de la iniciativa.

Igualmente, la ausencia de los archivos se constata en la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, la cual exige uniformar los sistemas de información, pero olvida hablar de la necesidad de constituir archivos contables.

De la misma manera, los archivos no aparecen en el rubro de Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate contra la Corrupción, compromisos del 82 al 86 del “Pacto por México”.

Cabe suponer que así las cosas, el tema de los archivos quedará igualmente olvidado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se ha insistido mucho en que los archivos son una pieza importante para la gestión administrativa, para la transparencia, acceso a la información y forma parte de los componentes para la construcción de una política de rendición de cuentas.

Las políticas sobre archivos deberían ser impulsadas desde la misma Presidencia de la República asociada con los institutos o entidades relacionadas con el tema como sucede en otros países. Efectivamente, las políticas públicas en materia de archivos vinculadas con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas es una tendencia global y como ejemplos podemos dar dos casos. El primero, dentro del ámbito latinoamericano y el segundo, dentro de la cultura anglosajona.

En el primer caso, presentamos la propuesta del Consejo para la Transparencia de Chile que ve a los archivos en el acceso a la información como un gran desafío. Bajo esta perspectiva desarrolló, conjuntamente con la Secretaría de la Presidencia de la República y el Archivo General de ese país, el proyecto: “Gestión de Archivos y Buenas Prácticas Archivísticas”, como un primer paso para generar cambios en la gestión de los archivos públicos a nivel nacional.

En la presentación del proyecto se señala que “el ejercicio del derecho de acceso a la información implica necesariamente que la información esté disponible. Dicha disponibilidad supone no sólo conocer el universo documental público existente, sino también que éste se ordene y sistematice de modo de favorecer su uso y conocimiento público”. Con esta premisa, se publican tres documentos y seis guías que sirven de marco para alcanzar el objetivo planteado6. Lo relevante de este ejemplo es la visión integral, tanto de las diversas instancias participantes como de la comunidad de archivistas.

El otro caso es el del gobierno del Presidente Barak Obama, el cual a través del Memorandum Presidencial de Administración de Archivos Gubernamentales del 28 de noviembre del 2011, propone como objetivos:

“Mejorar el desempeño, la transparencia y rendición de cuentas, tomando mejores acciones y decisiones de parte de las agencias de archivos.

La identificación y transferencia al NARA (National Archives and Records Administration), de los archivos con valor histórico permanente, de los cuales las siguientes generaciones podrán entender y aprender de nuestras acciones y decisiones.

La asistencia a los departamentos ejecutivos y a las agencias, en disminución de costos y operaciones de manera más eficiente”.

Con estas premisas, el Presidente Obama establece dos metas:

1. Contar con archivos electrónicos para asegurar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Para esta meta se propone tener un gobierno totalmente digital para el año 2019.

2. Que todas las agencias del gobierno cumplan con las regulaciones en materia de archivos federales. Para esta meta se propuso como fecha de cumplimiento el 2016.

Como se puede apreciar en estos dos ejemplos, las políticas públicas emanan del poder ejecutivo e involucran a las entidades que pueden coadyuvar a cumplirlas proyectándolas a todo el territorio nacional.

Sería deseable que estas experiencias pudieran ser tomadas en cuenta para plantear de una vez por todas políticas públicas tendientes a fortalecer e impulsar los archivos en beneficio de la apertura de la información y la rendición de cuentas.