La Procuraduría General de la República (PGR), reemplazada en enero pasado por la Fiscalía General, terminó colapsada. Su función más elemental, investigar y resolver delitos, no la cumplió en el 95% de los casos que indagó.
Tampoco cumplimentó más de 21 mil órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de posibles delincuentes, y dejó en el rezago 300 mil expedientes abiertos sin ningún tipo de resolución.
Un diagnóstico oficial encontró, además, posibles hechos de corrupción en la institución, compras injustificadas o con sobrecostos (entre ellas la de un avión de lujo con capacidad de vuelos trasatlánticos) y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos. Por estos hechos se han iniciado ya auditorías internas que podrían derivar en acusaciones contra exfuncionarios.
Se trata de los principales resultados de la evaluación presentada por el fiscal General Alejandro Gertz Manero con motivo de los primeros 100 días de su gestión, los cuales se enmarcan dentro del periodo de un año que tiene el fiscal para diseñar un plan que permita transformar la antigua PGR en una Fiscalía General autónoma plenamente funcional…
Nota completa en: Animal Político
