El espíritu del Contrato Social es hacer de la voluntad del pueblo el principio rector del ejercicio de gobierno. Desvirtuar su razón social sólo puede llevar al caos, a la inmoralidad y al descrédito ciudadano.
La Rectoría del Estado en la Educación se dirime en medio de la patología política del Ejecutivo, que mediante un memorándum obsequioso con las exigencias de la CNTE, conservó la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para aprobar la reforma constitucional, estando pendiente la sanción del Senado de la República.
Lapidariamente se ha vuelto al añejo pragmatismo de la concentración del poder y a un mesianismo crónico que resulta inaceptable con la retórica de respeto al Estado Democrático de Derecho del que hace gala el Presidente López Obrador, porque cotidianamente denuesta las expresiones contrarias con amedrentamientos callejeros.
El memorándum suscrito por el Presidente López Obrador, al usar como ariete el peso del poder político para dejar de aplicar el marco jurídico de la Reforma Educativa, vulnera los cimientos constitucionales, subyuga la legalidad vigente y da paso a un escenario incierto que esconde los efectos del enfrentamiento de la Administración Federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ocasionando que el Estado sucumba ante el desencuentro con este poder fáctico.
Para resolver este entuerto, el Presidente López Obrador dirigió a los secretarios de Estado, Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y Carlos Urzúa dicho memorándum. Este documento retrotrae la legalidad a su mínima expresión; viola el espíritu del Contrato Social; disminuye su fuerza jurídica; y colapsa la institucionalidad y la soberanía popular frente al protagonismo metaconstitucional del Poder Ejecutivo.
El péndulo político de esta medida oscila entre lo grave y lo peligroso para la estabilidad del ejercicio gubernamental, ya que el Estado no puede sucumbir ante la veleidad de un poder fáctico que esgrime en la fuerza de la movilización social, el secuestro institucional y la vulneración del derecho y el ejercicio responsable de todo poder público, que debe armonizarse en bien de la sociedad.
El grillete puesto a la vigencia de la Reforma Educativa del que se sirven los poderes fácticos, es un despropósito político cuyo costo social es inaceptable porque hace de la prestación de un servicio público estratégico para la Nación, un objeto político de manipulación execrable que pavimenta el camino a prácticas autoritarias y fascistas.
En este sentido resulta inconcebible el silencio de la secretaria de Gobernación y la precaria conciencia que asume frente al obsecuente y falaz memorándum, dada su condición de Ministra en Retiro de la SCJN, institución encargada de salvaguardar la vigencia de nuestra Constitución y el Estado Democrático de Derecho.
En esta tesitura, es necesario hacer política de Estado. No se puede hacer de la retórica de escritorio, caldo de cultivo para fortalecer a grupos de interés o a élites políticas. Esta no es ni puede ser la lógica de la transformación política del país, porque en los hechos, propicia y distorsiona los atributos de los poderes públicos y confunde los elementales principios del ejercicio del quehacer público.
El objetivo político del famoso memorándum fue construir una salida complaciente con las exigencias de la CNTE mediante disposiciones y lineamientos para no aplicar la Reforma Educativa vigente; garantizar la mayoría calificada en el legislativo; y atender cada una de las demandas de la Coordinadora. En este propósito, poco importó arrodillar al gobierno ante un lobby de presión y deteriorar la institucionalidad en detrimento de la voluntad soberana y de los legítimos intereses de la Nación.
Se trató de abolir en los hechos la Reforma Educativa promulgada en el año 2013, pero ante el hecho contundente de que el Presidente López Obrador no tiene atribuciones para derogarla, ni por decreto, ni mucho menos por un memorándum, por excelsa que pudiera resultar su redacción y lo magistral de su argumentación política, resulta que para abrogar una legislación que se encuentra vigente, la Constitución, señala que debe mediar un procedimiento cuyo trámite corresponde a una decisión del Poder Legislativo.
¿Cuál es el papel que deben jugar los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de la Reforma Educativa?
Deben fomentar el diálogo y la negociación institucional abierta y transparente en la construcción de la legislación secundaria; armonizar su concreción; y garantizar que lo dispuesto en la Constitución se cumpla para salvaguardar los intereses supremos de la Nación. Esto no es prerrogativa de sus atribuciones, sino una obligación legal que su mandato debe hacer expresa en beneficio de los intereses públicos del Estado.
El Presidente de la República, no puede hacer de sus funciones el predominio patrimonial de su poder o una canonjía metaconstitucional por pura que sea su intención o su voluntad.
Por su parte, el Poder Legislativo debe velar por preservar la rectoría del Estado en la educación, toda vez que se trata de una función vital para la prestación de un servicio que es fundamental para garantizar el futuro de los mexicanos, por lo que debe impartirse en condiciones de equidad, con una cobertura universal y calidad acreditada y reconocida, que sea el soporte en el que se apoyen las futuras generaciones en el propósito de ser mejores ciudadanos, útiles a la Patria, a sus familias y a sí mismos.
No se puede ignorar que el Contrato Social es el espíritu de conquista ciudadana, no una ventaja sectaria de la sociedad. Por esta razón, resulta inexplicable la invitación del Presidente a que si “se tiene que optar entre la ley y la justicia, deberá preferirse la justicia”, lo que no considera que está abriendo la puerta a una sociedad anárquica, donde lo justo dependería de la interpretación de cada individuo.
Esta nueva lógica política es vetusta y anquilosada. El memorándum es producto de los resabios de la verticalidad mesiánica y populista del poder público y entraña el ascenso de un autoritarismo y pragmatismo antidemocrático encarnizado, que justifica las prácticas de gobierno fundadas en el voluntarismo político, pero nunca en el respeto al espíritu del Contrato Social que debe aleccionarnos: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Agenda
- Persiste el déficit de seguridad pública ante el incremento de asesinatos en el país, que la semana pasada en Minatitlán costaron la vida a 13 personas entre ellas un bebé. En este contexto, el Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
- La UAEH informó que sin notificación oficial le congelaron sus cuentas bancarias, afectando a más de 6500 trabajadores y 61 mil estudiantes.
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