Frente a las anomias crónicas que vive la ciudadanía ante la proliferación del crimen organizado y sus efectos en la vida social, cometidos por ciudadanos comunes y también por cuerpos policíacos y castrenses, en un ascenso lamentable de la descomposición orgánica del Estado, se impone la formalización de un paradigma que trascienda hacia una Agenda Integral para la Seguridad Pública (AISP).

En este escenario, el creciente interés ciudadano escudriña con preocupación la erosión de la institucionalidad y la gobernabilidad, cuyo déficit impacta la procuración e impartición de la justicia; amenaza la estabilidad del tejido social por la inseguridad pública; deteriora la legitimidad gubernamental; e impacta negativamente diferentes dimensiones el desarrollo humano.

En este trazo, es menester que el marco jurídico que se apruebe para amparar la actuación de las fuerzas castrenses, hoy parte piramidal de la seguridad pública, se enfoque a crear una nueva cultura jurídica, que permita un desempeño coordinado y eficaz en las distintas etapas del debido proceso.

Este imperativo, exige crear una Política Transexenal de Estado en Materia de Seguridad Pública yequilibrar las lógicas castrenses y el mando civil de la Guardia Nacional, con las instituciones de procuración e impartición de justicia, para propiciar una eficaz investigación de los actos denunciados, facilitar al Ministerio Público toda la información pertinente para conducir a los imputados al proceso, formular la acusación y solicitar la imposición de las penas, con la finalidad de restablecer el orden social y prevenir los delitos.

Los delincuentes no deben quedar libres por omisiones o fallas, ni puede existir una puerta giratoria que libere a los presos aun sentenciados.

La actuación de los cuerpos de seguridad, debe salvaguardar la paz social, observar debidamente las disposiciones legales y los protocolos, iniciando por rendir el “informe policial homologado” y sustentar su trabajo en un civismo activo y en una cultura de legalidad, vanguardia y defensa ciudadana.

Estas premisas transversales de las acciones gubernamentales, constituyen una prescripción de salvaguarda social. Un Estado que asesina, secuestra y tortura no puede ser el arquetipo que prevalezca ni en términos de conducta, ni como imaginario colectivo. Es una vergüenza para la humanidad y una afrenta para nuestro pueblo, que hoy clama indefenso por la humanización no de la seguridad pública, sino de la Nación.

No se puede olvidar que lo que se dirime con la creación de la Guardia Nacional no es la pertinencia de los cuerpos de seguridad que la integran, de su legislación o del mando civil que debe prevalecer. En términos estrictos, nos estamos jugando nuestras libertades, la dignidad y los derechos humanos, como expresión de convivencia social, como sentido y significado del Estado y como estructura fundamental de la razón de la patria.

No se puede caer en la falta de claridad de la norma jurídica. La gran oportunidad que tienen los poderes públicos para recuperar su legitimidad y la confianza que garantice el marco legal de la Guardia Nacional, sólo es posible en la horizontalidad pública a partir de una concertación progresista, donde sociedad y gobierno, edifiquen desde la ingeniería social e institucional, la ruta de salvaguarda de la seguridad ciudadana.

Al respecto, no se puede olvidar que las prácticas de gobierno abierto ya probaron que la racionalidad del quehacer público, se nutre de la interacción de abajo hacia arriba como signo inequívoco de una democracia madura y de todos.

La secuencia de este planteamiento la constituye la integridad pública, que en un marco de gobernanza activa, potenciará la participación ciudadana funcional, horizontal y asociativista al incidir en el debilitamiento de las estructuras criminales como producto de una nueva cultura jurídica.

Estas premisas de la AISP, deben reflejar la comprensión jurídico-política del Estado; y como creación humana sensible y proactiva, debe ser la expresión plena de una democracia inteligente, que manifiesta el valor del Estado Democrático de Derecho, por ser garante de la seguridad integral y de las funciones vitales de la convivencia.

El debate y pertinencia transexenal de la AISP, genera dos expectativas fundamentales. La primera estriba en garantizar la continuidad expresa y programática de objetivos mensurables en materia de seguridad integral, que debidamente articulados, respondan en todo momento a las necesidades y aspiraciones sociales y a la preservación y protección de la ciudadanía.

La segunda expectativa es que la seguridad pública sea un instrumento de salvaguarda de todas las potencialidades del Estado, condición sine qua non para integrar a la sociedad como el poder que articula el desarrollo humano, porque su función intrínseca en toda sociedad, no precisa ni tiempo, ni espacio.

Estas dimensiones hacen de la AISP el preámbulo de una discusión mayor, donde la prospectiva-país hace de la seguridad pública nacional, un patrimonio de construcción perenne de la sociedad civil y de la sociedad política, para generar concreción a un ejercicio de gobierno tangible, expreso y determinado, cuya planeación, objetivos y metas, brinden la armonización que permee al desarrollo de la Nación.

En el debate político, un principio fundamental debe regir en la construcción de la Guardia Nacional. La inviolabilidad del Estado Democrático de Derecho, como herramienta de la razón ciudadana y valor de la soberanía del pueblo, paradigmas de una nueva cultura jurídica que hará del Estado la voz del ciudadano que velará porque toda legislación, garantice el respeto a los derechos humanos y la integridad de vida de las personas.

Agenda

• El Gobernador Omar Fayad inauguró en Apan la nueva planta de la Cervecería Modelo con una inversión de 14000 millones de pesos; en su construcción se dio empleo a 4500 personas y actualmente tiene contratadas a 600 para la operación de la planta, de las que 7 de cada 10 son hidalguenses. ¡Enhorabuena!
• Felicito a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el 150 Aniversario de vida institucional en nuestra entidad y como vanguardia de la educación profesional.
• Constituye una flagrante falta de respeto, el hecho de que en las giras del Presidente López Obrador por las Entidades Federativas, se presenten actos que atentan contra la civilidad política, donde la beligerancia colectiva, confronta la autoridad de los gobernadores.
• La fracción de MORENA en el Senado de la República, anunció una torpe iniciativa para revocar la licencia de operación a las calificadoras internacionales, como Standar & Poor, Moody’s y Fitch Ratings, luego que dictaminaron a la baja las perspectivas del país y de Pemex. Argumentaron que actúan sin transparencia ni objetividad y no tienen vergüenza ni calidad moral para descalificar los programas de gobierno del Presidente López Obrador.

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