La obsecuencia y el autoritarismo político no pueden primar como constantes del ejercicio del poder público para concretar despropósitos en la conducción social.
Frente a los altos niveles de inseguridad, la actual administración propuso a la Cámara de Diputados la iniciativa de Reforma Constitucional para crear una Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública, con un mando militar.
La minuta aprobada por esa Cámara, fue severamente cuestionada por las fracciones parlamentarias de oposición en el Senado de la República y por la sociedad civil, al considerar que el dictamen creaba una Guardia Nacional que significaba militarizar al país y ponía en grave riesgo el respeto a los Derechos Humanos.
Empero, como advierte Amparo Casar, “la salida de los cuarteles no fue una decisión de la institución, sino del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No fue el Ejército ni la Marina quienes pidieron entrar al combate del narcotráfico o a las labores de seguridad pública. Desde entonces han pedido con justa razón un marco jurídico que respalde sus acciones, no previstas en la Constitución…Ni la fallida Ley de Seguridad Interior, ni la ley por la que se pretende crear la Guardia Nacional es el marco jurídico pedido, necesitado y escatimado.”
En este sentido, la enseñanza histórica es clave necesaria. Estados totalitarios militarizados (el fascismo y el populismo) demostraron que el autoritarismo y el mesianismo sólo propician el destierro de la razón y la voluntad del pueblo creando campos de concentración, terror y muerte; condiciones inaceptables para que la sociedad se libere del pragmatismo político y transite a la construcción de una democracia inteligente, donde la pluralidad y la diversidad unen al pueblo y no lo enclaustran, ni le impiden ser el artífice de lo que llamamos Nación.
A partir de estas reflexiones, se inició una etapa de Parlamento Abierto. Con una intensa deliberación y análisis; junto con los Senadores participaron distintos actores políticos, gobernadores, académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, culminando el proceso legislativo con la aprobación por unanimidad, del dictamen que crea la Guardia Nacional con mando civil y un plazo de cinco años para organizarla.
El contexto de este proceso legislativo lo constituyen las acciones realizadas por anteriores administraciones del Gobierno Federal para combatir la inseguridad y la creciente delincuencia; la sentida demanda social que espera resultados inmediatos en la generación de confianza, paz y seguridad; la imposibilidad material de retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública; el imperativo de crear las disposiciones constitucionales y legales para encomendar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, cuidando de resguardar debidamente su institucionalidad; y el prerrequisito de que las fracciones parlamentarias del Senado de la República, acordaran construir una mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional y las previsiones para elaborar la legislación secundaria.
En esta coyuntura resulta obligado no olvidar que los usos politizados del ejercicio de gobierno han hecho imposible la transformación del país. Considero que las fuerzas políticas en el Congreso, tienen la oportunidad de acordar no solo la aprobación del marco jurídico reglamentario, que ya no requiere de una mayoría calificada, garantizando su constitucionalidad, sino de lograr un consenso que edifique una Política de Estado Transexenal en Materia de Seguridad Pública.
Para este propósito es necesario cuidar que la edificación de la legislación secundaria pueda superar las prácticas enquistadas en el ejercicio de gobierno, porque deterioran la credibilidad institucional que pretenden corregir.
Contener el cáncer de la inseguridad y prevenir que la seguridad pública se atienda con eficacia a través de la Guardia Nacional, implica equilibrar la lógica castrense y el mando civil con las estructuras de procuración e impartición de la justicia, ya que poseen objetivos diversos.
Evitar la erosión del espacio civil garantizando la participación ciudadana en la construcción del marco jurídico y de la Política de Estado, para no poner entre la espada y la pared ni a la sociedad, ni a las fuerzas armadas; tener la certeza de que se concrete cada medida de gobierno; e impedir que las decisiones gubernamentales se erijan en estela mesiánica cuyo dogma, lapidariamente, sentencia y decapita la soberanía popular.
El ejercicio de gobierno no puede hacer de sus programas un esquematismo frente a los retos, necesidades y desafíos reales que tiene la sociedad. Por el contrario, tiene que considerar que la esencia del poder civil debe abrir espacios para todos, sin distinciones y con respeto a aquellos que no tienen rostro en la toma de decisiones, pero que son su génesis.
Sentidamente, la ciudadanía clama transitar hacia una democracia inteligente, donde los actores políticos y sociales se unen para construir una sociedad mejor e impedir que el ejercicio de gobierno se convierta en el apocalipsis político, donde la purga o el pogromo propician un incremento de la conflictividad social, minan las expectativas ciudadanas, e impiden cualquier manifestación pública que no se adhiera a los apetitos del gobierno y su proyecto.
Entender lo que ocurre con una democracia secuestrada desde los poderes públicos, es el primer paso para que la inteligencia social ocupe su lugar dentro de la toma de decisiones del Estado, pero ello sólo es posible allí donde el poder sirve al pueblo y se nutre de su voluntad, no de la interpretación de lo que se piense que le conviene al pueblo, actitud autoritaria que suele convertirse en arbitrariedad de escritorio, fascismo mesiánico o populismo complaciente.
Las decisiones carentes de prospectiva y visión histórico-política, jamás podrán sustituir al consenso social, ni silenciar las visiones divergentes en la conducción política del Estado. Los alcances de la reforma constitucional que da vida a la Guardia Nacional, no pueden convertirse en un intento fallido que asemeje a un médico que al atender a un paciente de gravedad, informe que “la operación fue todo un éxito, pero el paciente murió”.
En el ejercicio de gobierno, el cambio en las estructuras en su medida de impacto social, debe hacer de la Ley el axioma de la voluntad del pueblo. Disociarse de ella, sólo nos puede llevar a la guerra de todos contra todos y perder el porvenir al que tenemos derecho.
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