Desde que se planteó, en el sexenio pasado, la reforma constitucional en materia de anticorrupción, me he manifestado escéptico de la política pública que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), porque sencillamente su supuesto principal promotor, Enrique Peña Nieto, ya tenía fama precisamente de corrupto, sobre todo desde su cargo de gobernador en el Estado de México.

No considero que quienes pugnaron desde la academia y las llamadas organizaciones de la sociedad civil hayan sido unos incautos al creerle al susodicho que realmente quería combatir la corrupción, pero sí me parece que al no considerar el elemento de que estaban frente a un corrupto, les hizo confiar más allá de lo que debían.

A casi dos años siete meses (18 de julio de 2016) de publicadas las leyes secundarias que dieron origen al SNA su implementación ha sido totalmente insuficiente, por la falta de nombramientos clave del organismo a nivel nacional, como el Fiscal Anticorrupción, que apenas fue designado por el recién electo Fiscal General de la República; así como la enorme diversidad de obstáculos para crear los Sistemas Locales Anticorrupción en por lo menos un tercio de la entidades federativas.  Y eso sin contar las deficiencias o cuestionamientos en aquellas entidades donde ya se materializaron estos últimos.

He pensado y he dicho que desde mi punto de vista el SNA, tal como fue diseñado en la ley general correspondiente, será rebasado por los lineamientos prácticos que el Presidente López Obrador aplica en el nombramiento de los integrantes de su gabinete.  Una especie de prueba de integridad, aunque sólo bajo la óptica y criterio del mismo titular del ejecutivo, en la que les advierte que la principal característica que deben de tener es la de ser honesto.  Incluso en tres casos de funcionarios de PEMEX que un trabajo periodístico identificó que habían participado en la llamada “Estafa Maestra”, ha tomado ya la decisión de separarlos del cargo e investigarlos a profundidad vía la Secretaría de la Función Pública.

No he podido pensar en otra metáfora, más que en el refrán que sentencia que “muerto el perro se acabó la rabia”, para augurar que no se requerirá el SNA, repito tal como está diseñado ahora principalmente como organismo burocrático, en un mediano plazo.  O sea sin corruptos en los gobierno, si bien no se acabe la corrupción, sí tendría que mermar de manera importante.  Cosa que, no lo digo como acto adivinatorio, seguro se reflejará en estudios como el de Transparencia Internacional que muestran la percepción de la corrupción, para el año que corre y que conoceremos en 2020.

Hay que recordar que Transparencia Internacional en su más reciente reporte de percepción la corrupción para 2018, resultado de una encuesta a expertos, indica que México sólo obtiene 28 de 100 puntos posibles, lo cual según los encuestados, que saben de lo que hablan, nuestro país es uno de los más corruptos del mundo.

Considero que con el combate frontal que AMLO, desde la presidencia de la república, está dando, más el trabajo que pueda hacer desde la Fiscalía Anticorrupción, María de la Luz Mijangos, y la renovada dinámica que el nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, José Octavio López Presa, aporte, son elementos a considerar para el análisis del tema en nuestro país, y que perfilan, como dice éste último, que es hora de ver resultados más tangibles del SNA.

En este sentido me parece que los 4 ejes que el propio López Presa menciona en su discurso de asunción al cargo, serían los derroteros que la política anticorrupción tendría que ajustar, posiblemente en la ley para amoldarse a una nueva realidad política y social.  Efectivamente al “Consolidar a las instituciones del SNA y los SEAS”, tendrían que ponerse mucha atención por ejemplo en la creación de un verdadero “servicio profesional de carrera”.  Asimismo “Impulsar la integridad de profesionistas y servidores públicos”, es clave, es decir no contratar para esos cargos a quien tenga antecedentes o muestre evidencias de poder corromperse.  Por consiguiente, “Fortalecer la coordinación interinstitucional y utilizar tecnologías de la información” sería de lo primero que hay que encaminar.  Y finalmente “Disminuir la corrupción que más afecta a las personas, a las empresas y el Estado”, sería como el objetivo general.

Veo un panorama halagüeño.  No porque haya total claridad en el horizonte, sino porque hay condiciones políticas de debatir lo debatible en la materia, por un lado, y de que el Presidente está, en la práctica, implementando ya la lucha, incluso más allá del propio SNA.  Lo que seguramente provocará su autopoiesis para evolucionar a mejores estadios.

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