He planteado de entrada, en mi participación en el evento de conmemoración del día internacional de la Protección de los Datos Personales, organizado por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que el derecho a la privacidad es requisito fundamental para construir una sociedad decente.
Es decir una sociedad digna, en la que la honestidad, la justicia y el buen comportamiento sean la cultura imperante de las personas que las componen. Idea que no me saco de la manga, como se dice coloquialmente, sino que tomo del libro La Sociedad Decente (Paidos, 2010) del filósofo israelí, Avishai Margalit. En el que señala que una sociedad decente es una en la que las instituciones del Estado (y las del mercado también diríamos nosotros) no humillan a las personas, por ejemplo violentando su privacidad e incluso su intimidad.
Y así lo estipula, en sus dos primeros párrafos, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones…Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley…”
La protección de los datos personales, cuyo aspecto medular es el ejercicio de los llamados “Derechos ARCO”. En efecto el de poder Acceder a, pedir que se Rectifiquen en caso de errores, pedir se Cancelen o sea se oculten, nuestros datos personales, así como Oponernos a que se hagan públicos; que se encuentren en posesión tanto de entidades públicas como privadas.
Por lo que, tratando de ser lo más pedagógicos posible, planteamos que el ejercicio de estos y cualquier otro derecho es, siguiendo la metáfora del ejercicio físico que requiere nuestro cuerpo para no caer en la obesidad, el ponernos a practicar lo más posible el mecanismo considerado por la ley para hacer valerlo. Es decir las solicitudes correspondientes.
Siguiendo la metáfora dijimos que hoy, como sociedad, estaríamos obesos porque prácticamente, se destaca en el diagnóstico del Programa Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS), aprobado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, entre la sociedad hay un “Desconocimiento general de la protección de los datos personales”, por lo tanto “no hay un ejercicio suficiente y adecuado de los derechos ARCO” y por parte de los Sujetos Obligados, “no existen las capacidades técnicas entre los servidores públicos en materia de PDP (profesionalización)”.
Si partimos de ello, entonces el problema a resolver con esta política pública tiene que iniciar reconociendo que efectivamente, el grueso de la población no sabe que tiene derecho a la privacidad, particularmente a la protección de sus datos personales, es decir de toda la información que nos identifica, nos hace identificables y nos distingue de los demás: nombre, domicilio y un enorme etcétera.
Y si no sabemos que tenemos ese derecho, pues menos cómo podemos ejercerlo. De ahí que insistí con cierta vehemencia en mi participación en el evento mencionado al principio, que había que asirnos del PRONADATOS, y empezar a implementarlo fuertemente, repito como política pública orientada a resolver el problema de la violación cotidiana a nuestra privacidad, de por ejemplo las instituciones bancarias que constantemente marcan a nuestro número de teléfono móvil para ofrecernos sus servicios o de, en tiempos electorales, los partidos políticos que nos envían desde propaganda, promesa de dádivas como tarjetas o regalos, personalizados a nuestros domicilios.
En tal sentido propuse que retomemos el PRONADATOS (del cual ya hablé aquí en otras ocasión) invitando a ubicarnos a partir del ejercicio prospectivo que considera cuatro etapas: 1 “Dónde estamos 2018-2020”, 2 “Donde estaremos 2020-2022”, 3 “Hacia dónde vamos 2022-2026” y 3 “Que aspiramos 2037”.
Resalte de la primera que desde el 2018 (que no lo hicimos por estar ocupados en la elección presidencial) se propuso comenzar “esfuerzos generalizados para incrementar el conocimiento del derecho y su ejercicio entre la población” y continuarlos este y el próximo año, por lo que centralmente órganos garantes y sujetos obligados deben profusamente enfocarse a la divulgación de los derechos ARCO, básicamente promoviendo su ejercicio. Porque la visión de que en 2037, o sea dentro de veinte años, “la mayoría de la población identifica los mecanismos que le permiten ejercer su derecho a la Protección de los Datos Personales”, significa que tal derecho forma parte de la vida cotidiana de la gente, como ahora lo es el derecho a la educación o a la salud, y en términos de la evolución de las llamadas Tecnología de la Información y la Comunicación, cualquier persona, incluidos los niños, deben tener dominio de los mecanismos que ahora provee la Plataforma Nacional de Transparencia, pero para entonces más eficaces y al alcance de las mayorías hoy rezagadas por la llamada brecha digital.
No puede terminar esta reflexión sin agradecer al IMIPE, a su Comisionada Presidente, Dora Ivonne Rosales Sotelo, a la Comisionada Mireya Arteaga y a mi amigo el Comisionado Víctor Díaz por la invitación; así como a mi también amigo Vicente Viveros y la Comisionada del INFOCDMX Elsa Bibiana Peralta por compartir la mesa.
twiter: @ccirior
