Ciudad de México, 23 de enero de 2019. El pasado 6 de diciembre de 2018, el Senado de la República publicó la convocatoria para designar a un nuevo o nueva comisionada del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la misma fecha.

A 45 días de su publicación, las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana no han definido un procedimiento que dé certeza jurídica ni garantice estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas como lo mandata el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que en “los procedimientos para la selección de los Comisionados [y Comisionadas] se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”.

Por lo que, las organizaciones, especialistas y personas defensoras de derechos humanos que suscribimos esta misiva, demandamos lo siguiente:

Se publiquen los expedientes de las personas postulantes.

Se definan los criterios de evaluación a partir de los cuales se valore la idoneidad de los perfiles, como la trayectoria en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos o combate a la corrupción, así como su independencia partidista y trabajo previo en órganos colegiados, y sobre esta base se abone a la certeza del proceso.

Se lleven a cabo audiencias públicas que incluyan preguntas formuladas por integrantes de sociedad civil.

Se genere un instrumento de evaluación público, previo consentimiento de las personas aspirantes, con la valoración de las y los integrantes de las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana para conformar el listado que propondrán a la JUCOPO.

Se de cuenta de los elementos que sustentan la idoneidad de la persona que podría llegar a ser comisionada o comisionado, de manera exhaustiva y detallada.

Se garantice la máxima publicidad en cada una de las decisiones alrededor de esta designación.

La decisión abone a avanzar con el principio constitucional de paridad, el cual fue vulnerado en el proceso anterior.

El fortalecimiento de las instituciones atraviesa por designaciones que aseguren un debate amplio sobre los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y con ello dotar de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas, por lo que, el Senado tiene una gran responsabilidad en garantizar que esta designación fortalezca al INAI.

Atentamente

Artículo 19

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Observatorio de Designaciones Públicas

Si desea suscribirse a esta misiva puede hacerlo en el siguiente correo:
coordinacion@designaciones.org