El denominado conflicto de interés es una contradicción entre el interés público y la apropiación de éste por parte de un ente particular o privado.
Este tema es fundamental porque la captura de intereses públicos por parte de intereses empresariales o privados deteriora la integridad de la gestión pública y daña la confianza en las instituciones democráticas, aseguró Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia (SUT) de la UNAM.
Este asunto es indispensable para entender que la corrupción no sólo implica sobornos y fraudes, sino también el uso de intereses públicos como si fueran intereses privados, dijo en entrevista tras su intervención en la conferencia internacional “¿Qué sabemos del conflicto de interés?”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
En el encuentro, en el que estuvieron la directora de la FCPyS, Angélica Cuéllar; José Octavio López Presa, del Comité de Participación Ciudadana del SNA; Mauricio Merino, investigador del CIDE, entre otros. Por su parte Jacqueline Peschard expuso la importancia de identificar esta situación, conocerla y comprenderla a fondo para enfrentarla de manera eficaz.
El propósito, prosiguió, es visualizar este tema al cual no se le ha puesto la debida atención, pues sólo se ha acentuado la utilización y apropiación de recursos públicos para fines personales.
En México, el combate a la corrupción es abordado desde hace, por lo menos, 20 años, pero es a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que para la academia es importante ayudar a consolidar los mecanismos de regulación y acción pública, para inhibir esas formas de capturar el interés público y, por lo tanto, aminorar el daño a las instituciones y acrecentar la confianza de los ciudadanos en éstas.
Lucha contra el conflicto de interés
En su intervención en la conferencia, José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que el conflicto de intereses ha sido desdeñado también de manera jurídica en nuestro país, en contraste con otras naciones, en donde se regulan hasta “las incompatibilidades” en el desempeño del ejercicio público.
Propuso realizar una medición a las 264 instituciones que conforman dicho sistema, respecto a su independencia de intereses particulares, para impulsar la lucha contra el conflicto de interés.
Existe ya la ISO-37001, una certificación empresarial contra el soborno; “los gobiernos y tomadores de decisiones deberían sólo relacionarse con empresas que cuenten con esta norma”, recalcó.
Apuestan por una Política Nacional Anticorrupción
Por su parte, Mauricio Merino señaló que el problema del conflicto de intereses comienza desde la selección del funcionario por lo cual debemos tener un sistema profesional de carrera robusto. Asimismo, indicó que el problema principal ha sido la captura del Estado y esto puede combatirse teniendo una buena Política Nacional Anticorrupción.
Además, Merino puntualizó en hacer pública toda la información del quehacer gubernamental y que la ciudadanía le dé seguimiento ya que “debemos recuperar el sentido de la democracia: Hacer público lo que es público”, finalizó.
Con información de Comunicación Social UNAM
