En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública tiene como meta hacer 2,555 auditorías en la administración pública, 45 % más que en 2018, aplicar nuevas tecnologías para el “big data anticorrupción” y escoger a los “mejores perfiles” para encabezar los Órganos Internos de Control de las secretarías, capaces de investigar presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, operará con 27 % menos presupuesto para 2019 con respecto a 2018, cuando recibió 1,237 millones de pesos. Para cumplir con sus metas dispondrá de 901 millones 819 mil pesos para este año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
Una de las herramientas clave de la Función Pública para el combate a la corrupción son los órganos internos de control, un puesto que en cada dependencia se encarga de vigilar la actuación de los funcionarios públicos de cada una y, en caso de encontrar alguna irregularidad, puede hacer una investigación interna.
Aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública establecía que las asignaciones de estos cargos recaía en la Secretaría de la Función Pública, en la práctica, los secretarios de Estado recomendaban a sus allegados para el puesto durante el sexenio anterior.
De acuerdo con el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, Daniel García Cortés, en la nueva administración, los nombramientos de los titulares de los Órganos Internos de Control sí será facultad exclusiva de la dependencia y no de los secretarios de Estado…
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