En los próximos días, la SHCP enviará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Paquete Económico que contiene entre otros instrumentos, la iniciativa con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
El Presupuesto de Egresos cobra especial relevancia porque se espera que brinde seguridad y disipe las malas señales económicas que produjeron las iniciativas para eliminar las comisiones bancarias; utilizar las reservas internacionales del Banco de México; y nacionalizar las AFORES, causantes de tremenda sacudida financiera a los mercados y al tipo de cambio del peso frente al dólar; quebrantos que se agravaron con el anuncio oficial de la cancelación del NAICM en Texcoco, cuyos efectos trataron de mitigarlos mediante un rescate financiero a los tenedores de bonos, por 1800 millones de dólares de un total de 6000 MD, para tranquilizar a los mercados y evitar demandas internacionales; sin embargo, “el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT advirtió que ante diversos factores de preocupación rechazan la propuesta de recompra de bonos del gobierno federal.” (Tenorio Aguilar, 2018, Revista Siempre, número 3417).
Este preámbulo invita a formular análisis crítico y una reflexión de fondo sobre el presupuesto público y saber qué, por qué y para qué gasta el gobierno; cómo puede fortalecer el Federalismo Activo, a modo de premisa de autonomía jurídico-política de los estados; y cómo valorar adecuadamente su relación e impacto con las políticas públicas, diseñadas para garantizar la seguridad y desarrollo humano.
En este trazo, lo primero es reconocer que no existen herramientas ni mecanismos suficientes para que los ciudadanos desplieguen un eficiente control del presupuesto; no hay prácticas cognitivas que permitan una mayor y mejor comprensión de los impactos del gasto público en todos los ámbitos del quehacer gubernamental y privado; ni hay medidas que articulen y definan el destino de los recursos del gobierno federal y el de las entidades federativas.
Es imperativo considerar que el valor de la autonomía jurídico-política de los estados para fortalecer el Pacto Federal, tiene como premisas la racionalidad, la optimización y la armonía social del gasto público; su manejo como instrumento estratégico en la consecución de las expectativas del desarrollo de la Nación; la eficiencia administrativa en las respuestas que se den a las demandas sociales; y la cabal comprensión y entendimiento que ninguna formación humana en el país se desenvuelve de manera uniforme y homogénea. La especificidad del gasto público debe ser afín a las demandas de la ciudadanía y a las vocaciones y potencialidades regionales.
Empero, es evidente que aún priman condiciones ampliamente discrecionales reflejo de prácticas sistémicas del uso y abuso del poder político, que obstruyen el ejercicio reflexivo y prudente del gasto presupuestario; inciden en el deterioro de la respuesta a la ciudadanía; y debilitan las condiciones de credibilidad y confianza que debe brindar el quehacer gubernamental.
Es menester acabar con las practicas del gobierno de cuates, donde los presupuestos se articulan desde las arenas políticas, por las empatías y el juego de intereses, y se negocian como un botín de premios y castigos, lo que fractura el espíritu para el cual están destinados y prohíja el manto espurio de la política de escritorio, cuya revancha y escenario de amigos y enemigos, ha deteriorado la vida de los mexicanos.
¿Hasta dónde y hasta cuándo el oscurantismo político habrá de generar, a través del presupuesto público, el brebaje de la desolación y desamparo social?
El abuso del presupuesto público constituye un coto de poder cuyo dogma es la insensatez plena, porque como herramienta estratégica y vital del desarrollo de la Nación, es usado de manera discrecional y opaca, sin atender -la mayor parte de las veces-, la planeación democrática, cuyo distintivo es la corresponsabilidad y horizontalidad ciudadana en la toma de decisiones públicas. Al asignarse bajo el amedrentamiento de las arenas políticas, las prebendas otorgadas redundan a la postre en el sacrificio del pueblo.
¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que vivir bajo el yugo de la discrecionalidad y las intenciones sesgadas de los usos y abusos del presupuesto público?
La respuesta implica, en primer término, establecer una nueva lógica que prime en la transversalidad de las acciones del Estado, y en segundo lugar, que el ciudadano participe con funciones decisorias en la construcción de la tarea pública, vigilando y protegiendo el interés del pueblo, condición que marca el verdadero rumbo de la democracia participativa, porque hace del ejercicio efectivo de la ciudadanía, el vector del cambio político.
En este sentido, la marginación de la ciudadanía en la toma de decisiones en corresponsabilidad con los actores políticos, y la discrecionalidad que prima en diferentes dimensiones de la realidad gubernamental, son las causales sustantivas de la pauperización en que se encuentra el pueblo y del ostracismo político que padecen muchos y sirven a unos pocos.
El salto cualitativo que conduce a la alameda de las oportunidades, estriba en fortalecer el Pacto Federal entre estados y municipios sin distinciones, discriminación o verticalidad oscura e insana. Es impostergable ejercer la racionalidad presupuestaria y evitar la dispersión, la fragmentación y los programas y acciones inconexas, y no sucumbir ante la discrecionalidad política.
Se les ha olvidado a los servidores públicos que el ciclo presupuestario inicia y termina en el bienestar del pueblo; que el presupuesto es público porque sirve al ciudadano y no es un fruto discrecional producto de la disputa entre la Federación, los estados y los municipios y, mucho menos, una rencilla patrimonial por la riqueza nacional.
Este olvido y extravío de la razón en el ejercicio de gobierno, va más allá de lo descrito. Constituye junto con la corrupción e impunidad, el epitafio velado de la democracia, y lo que es peor, la pervivencia indolente de aquellos que se sirven del encargo público para desterrar al ciudadano de lo que es suyo: el porvenir de la Nación.
Agenda
- Rindió protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió no anular la elección de gobernador en Puebla por lo que se ratifica el triunfo de Martha Érika Alonso como gobernadora.
- Al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aplazando la resolución de los amparos hasta que el pleno se pronuncie sobre el fondo del asunto.
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