Integrantes de organizaciones sociales alertaron al Congreso sobre el riesgo de un retroceso en caso de que se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) en los términos planteados por la Comisión de Justicia del Senado.
Advirtieron sobre la necesidad de realizar modificaciones al régimen de transición, las facultades de la Coordinación General, la transparencia del Plan de Persecución Penal, atención a víctimas en el extranjero, fiscales especiales, el presupuesto y el plazo para el análisis de reformas constitucionales y legales pendientes.
Asimismo, demandaron que la discusión del tema se lleve a cabo bajo el modelo de parlamento abierto, tras considerar que requiere el más amplio de los consensos.
“Como colectivo #FiscalíaQueSirva solicitamos estar presentes en dichas discusiones y los actos que conlleve su aprobación”, plantearon en un documento.
De entrada, rechazaron la propuesta para extender de uno a dos años el periodo de consultas para impulsar reformas constitucionales y garantizar una autonomía plena a la nueva Fiscalía.
“Es pertinente no extender el periodo para el desarrollo de la consulta a fin de poder adoptar decisiones más oportunas frente al tiempo y las dimensiones de la complejidad que se presenta en materia de procuración de justicia”, indicaron.
Las organizaciones señalaron que es necesario incluir en la ley que, en ningún caso, el presupuesto que se apruebe para la FGR podrá ser menor en términos reales al asignado para el año inmediato anterior.
En el caso del Plan de Persecución Penal, advirtieron que no puede ser un instrumento restringido, sino que debe tener la máxima difusión para que cumpla con su objetivo de orientar el funcionamiento de la FGR y transformarse en un mecanismo de rendición de cuentas.
Sobre la Coordinación General, cuestionaron que se le pretenda otorgar representación institucional, al considerar que eso podría distorsionar la estructura orgánica y generar duplicidad de funciones con el titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal.
“La representación la tienen únicamente quienes ostenten el cargo de fiscales nombrados conforme al servicio de carrera para garantizar los derechos de este personal y dotar de seguridad jurídica al sistema”, aseveraron.
Por otro lado, la agrupaciones consideraron conveniente establecer plazos concretos para que el Senado resuelva sobre la objeción o remoción de los fiscales y que el promotor de estas acciones tenga que justificar su decisión ante la Cámara alta.
En el documento, manifestaron su preocupación por la redacción propuesta para el Mecanismo de Apoyo Exterior a connacionales.
Aseguraron que es necesario establecer que se garantizará el derecho a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas en territorio extranjero, en igualdad de condiciones que aquellas que se encuentran en el País.
“De no quedar de la forma sugerida, sería una regresión a un derecho ganado para las familias de inmigrantes víctimas en el tránsito”, indicaron.
El documento fue dirigido a las Comisiones de Justicia de las Cámaras de Diputados y Senadores, con copia a los legisladores y futuros funcionarios federales que trabajaron en la elaboración de la iniciativa original.
La Comisión de Justicia del Senado propondrá aplazar a dos años la posible aprobación de reformas constitucionales que doten a la nueva Fiscalía General de la República de autonomía plena.
El 10 de septiembre, REFORMA publicó que la iniciativa de Morena contemplaba, en el régimen transitorio, un plazo de un año para realizar las reformas constitucionales que han exigido organizaciones sociales, con la finalidad de dotar a la FGR de plena independencia y eficacia.
Esa disposición fue agregada después de que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo su rechazo a reformar el artículo 102 de la Carta Magna para modificar el diseño de la institución y darle aún más autonomía con respecto al Jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, en la nueva redacción propuesta en el predictamen de la Comisión de Justicia, se advierte que el plazo para posibles reformas constitucionales en la materia será del doble, es decir, de 24 meses.
En el transitorio número 13 se plantea que, dos años después del nombramiento del Fiscal, con base en el Plan Estratégico de Transición y en la experiencia acumulada en el proceso, el titular de la institución realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico.
“Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima del modelo de la FGR propuesto en la presente ley”, señala.
Fuente: Reforma
