El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla (CPC Puebla) presentó su Política Estatal Anticorrupción, la cual reconoce el problema de la corrupción como un problema de captura que se traduce en la (in)capacidad del Estado para controlar el particularismo. Esta propuesta se desarrolló con base a la propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA) presentada en junio pasado por la Red por la Rendición de Cuentas.
En su propuesta, el CPC Puebla sostiene, como menciona la PNA, que la corrupción es un problema multifactorial que no puede limitarse a la definición mínima del “abuso de un cargo público para la obtención de un beneficio personal”, por la enorme variedad de situaciones en que se presenta y las muchas maneras en que quebranta, manipula o distorsiona las normas existentes.
Asimismo, señala que la definición de corrupción resulta determinante para trazar la ruta idónea para atajar el problema y, por eso mismo, es fundamental delimitar el problema público desde las causas y elementos estructurales que lo generan y no sólo a partir de sus consecuencias.
La política del CPC Puebla está compuesta por seis ejes que están diseñados a atajar las posibilidades de llevar a cabo actos de corrupción bajo un enfoque de derechos, a consolidar los mecanismos para identificar las faltas, para mejorar la prevención, para corregir rutinas administrativas y también para establecer sanciones respetando el debido proceso.
Los ejes son los siguientes: i) la profesionalización y generación de capacidades; ii) la simplificación y vigilancia de los puntos de contacto entre la ciudadanía y los gobiernos; iii) acciones de mejora del ejercicio de la responsabilidad pública, y; iv) detección, prevención y desmantelamiento de redes de corrupción; v) fomento de la participación ciudadana, mecanismos de gobierno abierto y respeto a los derechos humanos y, vi) fortalecimiento de las capacidades institucionales y políticas del municipio frente a la corrupción.
La política busca el involucramiento permanente y comprometido del orden municipal de gobierno, cuya actuación ha sido parte de un olvido generalizado en el diseño legislativo de la normativa general de combate a la corrupción buscando a su vez transitar hacia un régimen más “universalista” donde el interés privado conviva y se expanda y proteja, pero no vulnere la autonomía del Estado.
