Este lunes se llevará a cabo el último de doce foros que integraron la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción (PNA) realizados por el Programa Interdisciplinario en Rendición de Cuentas del CIDE (Comunidad PIRC), a través de la cual se han estado recogiendo opiniones y reflexiones del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos para poder robustecer las principales acciones que deben integrar la PNA.  Este esfuerzo nacional ha sido ejercicio amplio e interdisciplinario que ha permitido incorporar la visión de todas las entidades federativas en la propuesta de política que trabajo como insumo inicial para su discusión la Red por la Rendición de Cuentas.

Es importante señalar que a pesar de que la corrupción es un problema multifactorial, se ha buscado definir un problema que permita diseñar estrategias que contribuyan a mejorar todos los ámbitos relacionados con el problema de la corrupción. En ese sentido, se ha identificado como raíz del problema a “la captura, entendida como la (in)capacidad del Estado para controlar el particularismo. Se trata de una forma de organización social que se caracteriza por la distribución de bienes sobre una base no universalista que refleja el acceso y distribución restringida al poder” (RRC, 2018).  La captura está presente en cada una de las acciones que no permiten la creación de esquemas de profesionalización que blinden a los funcionarios, la toma de decisiones que no busca el bien común, así como la asignación de recursos y la impartición de justicia que no busca el interés público, sino que obedece a fines particulares, ya sea intereses político-partidistas o intereses meramente personales.

La creación del SNA y la aprobación de su política, pueden ser un parteaguas para lograr un cambio de paradigma sin precedentes en el país, al entender que el objetivo central es blindar a las instituciones y a los funcionarios públicos para que defiendan el interés de todos y no obedezcan a un grupo específico en el poder, donde siempre están detrás también intereses privados. La propuesta inicial de la PNA tiene su base en cinco ejes estratégicos: profesionalización, puntos de contacto, responsabilidades, redes de corrupción y participación ciudadana. Cada uno de ellos ofrecen una serie de acciones que se complementan entre sí.

1)       Servicio de carrera que garantice la autonomía y generación de capacidades para los funcionarios públicos. (blindarlos)
2)       Identificación de los puntos vulnerables para evitar que ahí se abran oportunidades de corrupción. Esto debe ir transformando poco a poco la gestión pública para lograr un trabajo más eficiente. Por ejemplo: modificar patrones en adquisiciones y obra pública, criterios de transparencia y seguimiento paso a paso de éstas, mecanismos de vigilancia ciudadana, entre otros.
3)       Blindar también a quienes se encargarán de fallar los casos de corrupción (TFJA y fiscal anticorrupción), así como entender que ambas partes deben colaborar para integrar los mejores expedientes que garanticen un fincamiento de responsabilidades efectivo.
4)       Diseñar mecanismos de inteligencia que se hablen entre sí, que permitan que la información fluya entre el ámbito privado y público (información de notarias, bancos, declaraciones fiscales, de intereses y patrimoniales). Toda la información debe ser susceptible de cruzarse para identificar patrones irregulares y que permitan levantar banderas de alerta.
5)       Finalmente, la participación ciudadana es fundamental. No puede entenderse el combate a la corrupción de fondo sin mecanismos ciudadanos de exigencia, que vinculen a la sociedad al trabajo de seguimiento de todas las acciones del gobierno. Ahí el acceso a la información, la protección a denunciantes, la vigilancia de los ciudadanos, la creación de observatorios el rendir cuentas y poner a la mano información de interés para que la propia ciudadanía levante la mano cuando haya algo “raro” es vital. De otro modo, el propio gobierno no encontrará los incentivos para hacerle frente a la corrupción de manera seria.

De ahí la importancia de lograr la aprobación de una política que defina un problema público que se pueda atajar con acciones robustas y que contribuya a disminuir la corrupción de manera efectiva. Además, el reto es mayor al pensar en que todo debe aplicarse a todos los niveles de gobierno. Si en la federación hay problemas, a nivel local, la captura de puestos, presupuestos y decisiones es todavía mayor. Por eso es apremiante que se entienda que la captura es una de las causas definitorias del problema de la corrupción y que permite diseñar soluciones integrales para controlarlo.

Sin duda, después del proceso de consulta se enriquecerá esta primera propuesta que, en su momento, se entregará como insumo al Comité Coordinador del SNA para su consideración. El control de la corrupción dependerá del trabajo coordinador y de la sinergia que se genere desde la sociedad para exigir cuentas y resultados a nuestros gobiernos.

Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas