Más de 350.000 personas, principalmente cargos públicos, se verán obligadas a declarar su patrimonio en el marco de la nueva ley de lucha contra el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses que entró hoy en vigor en Túnez, pionera en el mundo árabe sobre transparencia.
Diputados, periodistas, magistrados, dirigentes de asociaciones, presidentes de instancias independientes y agentes del Estado que ocupan puestos de alto rango se verán afectados por la nueva normativa, adoptada el pasado mes de julio por el Parlamento con 126 votos a favor y ninguno en contra.
En caso de incumplir con su obligación, según la ley, podrían enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión y multas de entre 300 y 3.000 euros, mientras que aquellos que ocupan cargos públicos verán confiscados dos tercios de su sueldo por cada mes de retraso.
La entrada en vigor supone un nuevo hito en la transición de Túnez, escenario de la única de las “primaveras árabes” que aún sigue viva…
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