Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización Impunidad Cero.
La investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra, además, que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.
Por tanto, “mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio…
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