● Los recursos públicos tan sólo autorizados para el FONDEN son casi diez veces más que el valor monetario de donativos privados recaudados y reportados por donatarias y fideicomisos autorizados.
● Tres sectores concentran el 71% de los recursos públicos del FONDEN: educativo, vivienda, y monumentos. No obstante, no se tiene información pública sobre el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).
● En el marco de la transición gubernamental, es necesario se publique la información que aún está pendiente para realizar una valoración sobre el avance físico y financiero de las obras.
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2018.- Son más de 38 mil millones de pesos los que se indicaron como costo total de la reconstrucción después de los sismos que afectaron a ocho entidades en septiembre de 2017. Los recursos públicos tan sólo autorizados para el FONDEN son casi diez veces más que el valor monetario de donativos privados reportados por donatarias y fideicomisos autorizados, que recaudaron alrededor de 3 mil 900 millones de pesos. A pesar de la gran cantidad de recursos públicos y privados movilizados, así como de los esfuerzos para transparentar el origen y el destino del presupuesto, con la información pública disponible aún no se puede conocer ni evaluar si las acciones de reconstrucción han cumplido sus objetivos para la atención de todas las necesidades de la población afectada.
De acuerdo con la información pública de recursos federales, tres sectores concentran el 71% de los recursos ($27,059,763,605 pesos): educativo ($10,893,661,626 pesos), vivienda ($10,049,939,028 pesos), y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos ($6,116,162,951). Sin embargo, la información de las bases de datos de estos sectores no permiten identificar, por ejemplo, el número real de viviendas dañadas en donde se canalizaron estos apoyos. Por ejemplo, existen inconsistencias entre las bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y las de BANSEFI. Se presentan datos incompletos y dada la falta de documentos que describan la racionalidad detrás de las decisiones tomadas, no es posible identificar cuántas viviendas se han reconstruido, quiénes han recibido los apoyos de vivienda o cómo se puede comprobar que los recursos entregados fueron recibidos por las personas que lo requerían.
Además de los recursos públicos autorizados del FONDEN, distintos organismos públicos realizaron aportaciones extraordinarias. De éstas, el portal Fuerza México de Transparencia Presupuestaria señala que se destinaron $2,412,648,995.5 pesos para el FONDEN y $279,383,366.6 pesos para el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC). No obstante, de este último, no se tiene información pública y de acuerdo a una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, los estados llegan a pagar hasta 1.3 veces el valor de los créditos que son pagados con recursos del Fondo General de Participaciones de cada estado. Esto hace que las autoridades usen recursos que deberían atender las necesidades de los ciudadanos, para pagar intereses.
Finalmente, sobre los recursos privados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a donatarias y fideicomisos autorizados tres Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos de septiembre del 2017. Al 31 de mayo del 2018 se recibió un total de $3,904,576,949.46 pesos, de 693 donatarias y fideicomisos autorizados. Casi 90% fueron donativos en efectivo ($3,480,476,143.87) y el resto en especie ($424,100,805.58). Del valor total, 85% corresponde a donativos nacionales ($3,317,745,489.58) y el
15% restante corresponde a donativos del extranjero ($586,831,459.88). De estos fondos, se han distribuido $1,994,143,959 pesos en donde la mayor proporción ha ido para Oaxaca (19.8%) y a la Ciudad de México (13.3%); no se sabe a qué entidad federativa se destinaron 41.6% de los recursos privados dado que se canalizó a otras donatarias y no se ha reportado su destino final. A pesar de que se llevó a cabo un primer esfuerzo para la sistematización de la información por parte del SAT, la falta de lineamientos que estandaricen la transparencia y la rendición de cuentas del sector privado traen consigo retos significativos para valorar sus resultados e impactos.
Hasta ahora, con la información pública disponible, no es posible tener claridad sobre el estatus de los recursos destinados a la reconstrucción. La información es dispersa, insuficiente y no cuenta con la calidad requerida para poder potenciar la coordinación entre actores de gobierno, sociedad civil y sector privado.
En el marco de la transición gubernamental, resulta necesario que la administración saliente y las donatarias y fideicomisos autorizados y no autorizados, publiquen información general, financiera y de gestión que aún está pendiente o incompleta para poder realizar una valoración clara sobre el avance físico y financiero de las obras. Continúa siendo mucha la especulación y la falta de datos contundentes que permitan conocer la proporción de estos avances.
Fuente: Fundar y Transparencia Mexicana