Aunque en las primeras propuestas para combatir la corrupción del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador hay algunos aspectos que preocupan, no se vislumbra algún riesgo de que exista una contrarreforma o desmantelamiento de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción, consideró Lourdes Morales Canales.

La coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas explicó que sería un contrasentido que habiendo utilizado la lucha contra la corrupción como bandera política, el próximo presidente de México optara por retrocesos en la materia.

“Me parece positivo que se exijan resultados a ciertas instituciones como el INAI, pero de ahí a que desmantele las instituciones no creo que sea acorde con las promesas de campaña que hizo dado que su campaña estuvo muy centrada en el combate a la corrupción”.

Expuso que es fundamental que la nueva administración parta de un adecuado diagnóstico, ocupe los recursos necesarios y evite las ocurrencias para así terminar de fondo con el problema, pues de lo contrario, si se siguen repitiendo las fórmulas puestas en marcha hasta ahora, seguiremos con las raíces de la corrupción penetrando en el sistema político y en la sociedad.

Para la también doctora en Ciencia Política por la Universidad de La Sorbonne París III, el desafío del próximo gobierno de la República es implementar una política nacional anticorrupción, pues hasta ahora con la creación y entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción sólo han construido los cimientos del combate contra la corrupción.

“Lo que se ha avanzado es sólo a nivel normativo, en términos de implementación falta todo por hacer. En lo que se ha avanzado es en la elaboración de leyes, en un andamiaje, pero en cuanto a transparencia y acceso a la información los ciudadanos todavía no accedemos más fácil, más rápido a la información, que es el espíritu de la reforma”.

Las primeras acciones a emprender, agregó, son concluir con los nombramientos que aún están pendientes como son el fiscal anticorrupción; y los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

Para Morales Canales, si bien no hay riesgos evidentes de retrocesos o desmantelamientos en las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción, hay aspectos un tanto preocupantes. En ese sentido, dijo, que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha delineado ya algunas acciones para combatir la corrupción, hasta ahora no ha mencionado nada sobre la profesionalización de los funcionarios públicos y sobre cómo se van a fortalecer a las instituciones.

“No ha mencionado nada sobre cómo es que el nuevo gobierno va a hacer una selección de las mejores personas que van a atender estas funciones administrativas, estamos hablando de personas que no son candidatas, que no tienen una trayectoria política, de perfiles más técnicos, más especializados y hasta ahorita no ha mencionado nada”.

Destacó que los 50 puntos que presentó hace algunas semanas el virtual presidente electo para combatir la corrupción y fomentar la austeridad son ideas al vuelo, en las que si bien hay algunas que son pertinentes, otras ya existen en la ley, y otras más que son francamente preocupantes.

Sostuvo que están dadas todas las condiciones para que en este gobierno haya una real lucha contra la corrupción, pues la única barrera que habría es que deliberadamente no se quiera combatir ese flagelo, lo cual sería un despropósito, dado el contexto electoral con el que llegó este gobierno al poder.

A consulta, proyecto de política nacional

Antes de realizarse las elecciones presidenciales, detalló, la Red por la Rendición de Cuentas entregó al Comité de Participación ciudadana un Proyecto de Política Nacional Anticorrupción, el cual incluye cuatro ejes que consideran deben integrarse en las tareas de la próxima administración: 1. Profesionalización y generación de capacidades, 2. Fincamiento de responsabilidades, 3. Corrupción de ventanilla: puntos de contacto y 4. Corrupción en “redes”.

Sobre el primer eje la idea es que el ingreso, ascenso y permanencia al servicio público se base en aspectos meritocráticos, para lo cual será necesario fomentar el establecimiento de un nuevo servicio civil de carrera y generar los mecanismos que den certidumbre y transparencia de la profesionalización en el servicio público.

Respecto al fincamiento de responsabilidades se propone generar un sistema de alertas para la prevención y mejora del ejercicio de la responsabilidad pública y fortalecer los procedimientos de investigación y sanción de faltas leves y administrativas.

Respecto al tercer eje,  la propuesta de esa organización refiere que son aquellos momentos en que los ciudadanos deben lidiar con autoridades o burócratas de niveles relativamente bajos cuya función es la provisión de bienes y servicios públicos, en los que incluso se ven obligados a dar “mordidas”, para lo cual se proponen establecer un mecanismo seguro de protección a denunciantes y testigos, y mejorar la transparencia y la confianza en la relación gobierno-ciudadanía.

Sobre la corrupción en redes se plantea detectar, investigar y ampliar las posibilidades para desmantelar las redes de corrupción en la administración pública.

Detalló que esta propuesta será sometida a una consulta con universidades de todo los resultados serán entregado al equipo de transición de López Obrador.

Fuente: El Economista