El Auditor Superior de la Federación, Rogelio Colmenares, presentó ante la Cámara de Diputados 344 auditorías de la Cuenta Pública 2017, entre ellas están casos polémicos como el paso exprés, el caso Odebrecht y el desvío de recursos de diversas secretarías.

Ese número, informó, representa el 22 por ciento de las mil 592 auditorías programadas para ese ejercicio fiscal.

Antes de resumir las anomalías detectadas, el funcionario argumentó que dichos procedimientos o informes individuales no están concluidos.

“Están pendientes varias etapas: incluida la posible presentación de denuncias de hechos y, en su caso, las sanciones que correspondan, por lo que el proceso no se puede considerar como terminado”, informó Colmenares ante legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El Auditor informó que en octubre y febrero próximos se presentará el 78 por ciento restante de las auditorías. Los 344 procesos en curso han derivado en 724 recomendaciones, 337 pliegos de observaciones, 620 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 33 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 176 solicitudes de aclaración.

Una de las principales anomalías se registra en la adquisición de servicios por parte de las dependencias federales, por lo que reveló que se emitieron 71 pliegos de observaciones, de los cuales 11 dieron pie a una responsabilidad resarcitoria.

“Los 11 procedimientos involucran un monto de más de mil 88 millones de pesos y se relacionan con 72 presuntos responsables, de los cuales 63 son personas físicas y nueve son personas morales.

“Asimismo, he dado la instrucción para que la ASF se coordine permanentemente con la Procuraduría General de la República, respecto a las 17 denuncias penales que se han presentado sobre el tema, que involucran un monto de 3 mil 37 millones de pesos, y que actualmente se encuentran en etapa de integración”, indicó.

Por ejemplo, expuso, se fiscalizó un contrato celebrado entre la Sagarpa y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, y la Auditoría comprobó que esa institución no disponía de la capacidad técnica para participar como proveedor.

Además de que no se cuenta con evidencia que acredite que las actividades fueron realizadas por el personal contratado, ni que éste contara con el perfil requerido.

“Esta revisión reitera la problemática observada en años anteriores respecto a la contratación entre entidades públicas”, apuntó.

Sobre la venta de la participación accionaria de Pemex en Ductos y Energéticos del Norte, se detectó que la empresa productiva del Estado obtuvo recursos por 3 mil 126 millones de pesos, pero se ha acreditado que ese dinero se destinó a la mejora de la rentabilidad de la empresa, como fue el compromiso.

“Se determinó que siete dependencias, Sagarpa, Aserca, Senasica, Sedatu, SCT, INBA e INDAABIN, no reportaron a la Tesorería de la Federación 2 mil 735 garantías por 3 mil 082 millones de pesos”, añadió.

Sobre las auditorías de desempeño, la dependencia informa que en el ISSSTE e IMSS se detectó que la política de guarderías y estancias infantiles es deficiente, pues no se garantiza la integridad física de los menores, no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos sea de calidad o que el personal esté capacitado al 100 por ciento.

Colmenares cuestionó que a 14 años de la operación del Seguro Popular, éste no cuenta con información ni indicadores o metas para evaluar su acceso efectivo. Lo mismo sucede con Prospera y con FIRA.

Anunció que, para el programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018, se contemplan una sobre la gestión financiera y desempeño de las autoridades competentes en el proceso de reconstrucción derivado de los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017.

Se fiscalizará la gestión realizada por el Sistema Nacional de Protección Civil, así como la participación de las dependencias federales involucradas en la aplicación de recursos del Fonden.

“De igual manera, se revisará la gestión de la Sedatu como responsable de realizar el censo que determinará el saldo oficial de daños provocados, a efecto de fungir como eje para programar y priorizar la reconstrucción, rehabilitación y mejora de los hogares afectados.

“Se fiscalizará a Bansefi por su participación en la entrega de apoyos a los damnificados por daños parciales o totales en sus viviendas”, advirtió.

También anunció a los legisladores que se explora la adopción de métodos holísticos para medir el desempeño de la legislatura y la rendición de cuentas parlamentarias.

Fuente: Reforma