El Ejecutivo Federal, el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos autónomos tienen acumulados 835 mil 477 millones de pesos en 374 de estos instrumentos sin rendir cuentas claras ni justificar la manera en que los ejercen.
La cifra equivale al 15.8 por ciento de todo el presupuesto de egresos de 2018, según revela el estudio “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, elaborado por Sarahí Salvatierra, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
El 92 por ciento de esos recursos, es decir, 772 mil 63 millones de pesos, están concentrados en fideicomisos considerados como una entidad no paraestatal, o sea, que carecen de una estructura orgánica y administrativa que pueda rendir cuentas.
Los fideicomisos son instrumentos financieros que le permiten al Gobierno administrar recursos públicos para fines específicos. Sin embargo, advierte el documento que hoy será presentado, su uso se ha multiplicado sin acatar las observaciones que ha formulado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evitar el uso discrecional de los fondos.
“La Auditoria Superior de la Federación ha realizado constantes señalamientos sobre los riesgos de opacidad en los fideicomisos públicos a partir de auditorías a estas figuras
“Resalta, por ejemplo, que la falta de estructura en los fideicomisos y la posibilidad de que los Comités Técnicos, que toman las decisiones, estén integrados por privados, propicia la opacidad y la discrecionalidad en su administración”, indica.
Además, añade, en los fideicomisos no existen mecanismos internos que supervisen la contratación de financiamientos que no son considerados como parte del gasto público.
En entrevista, Sarahí Salvatierra, quien coordinó al equipo de Fundar que trabajó en la investigación, señaló que, ante la falta de transparencia y rendición de cuentas, se corre el riesgo de que se haga un mal uso de los recursos contenidos en los fideicomisos.
“Hay poca transparencia y eso genera discrecionalidad en los recursos. Esto, evidentemente, es como la antesala para que se den desviaciones de recursos o puedan cometerse actos de corrupción”, advirtió.
Salvatierra señaló que al encontrarse estos recursos en instituciones bancarias privadas se les aplica el derecho privado y por tanto se obstaculiza el derecho a la información.
“Las instituciones financieras privadas se rigen por el secreto bancario y fiduciario y es mucho más complicado tener acceso a esa información”, explicó.
“Además, de alguna forma se está cediendo la titularidad de ese patrimonio a la institución financiera para que lo administre, entonces, cuando preguntas a la dependencia que creó el fideicomiso sobre los recursos te dice que lo desconoce porque ella no lleva la administración y si le preguntas al banco te responde que la información está protegida”.
La mayor cantidad de los recursos están en fideicomisos que son administrados por la banca de desarrollo, pero en la banca privada se encuentran el 7.8 por ciento de esos fondos.
“Si bien, la Constitución Política mexicana obliga a que cualquier persona física o moral que reciba o administre recursos públicos transparente y rinda cuentas sobre esos recursos, también existe una serie de limitaciones propias del sector financiero que blindan a las instituciones de la banca comercial”, señala el estudio.
De los 374 fideicomisos analizados, 80 son manejados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al cierre del 2017 reportaron que manejaban el 70 por ciento de los recursos, con una disponibilidad de 539 mil millones de pesos.
Fuente: Reforma
