Por: Mercedes de Vega

Luego de la aprobación de la Ley General de Archivos, en la Cámara de Diputados, la puntual aplicación de ésta entraña colosales desafíos para todos los archivos a nivel nacional, pero aún más para el Archivo General de la Nación (AGN), como cabeza de un Sistema Nacional que deberá combatir el rezago en los archivos y colocar la materia en el nivel de importancia que tiene para la salud democrática del país.

AAhora bien, ¿sólo hablamos de otra ley más en la azarosa historia de nuestro país, o de una ordenanza que demanda de su principal promotor, el AGN, seguimiento puntual y acciones concretas? Si se trata de lo segundo, la institución deberá contar con capacidades técnicas, financieras, normativas y una estructura organizacional adecuada a dicho quehacer.

Habida cuenta de que a partir del 1 de enero de 2019 el AGN fungirá como organismo descentralizado no sectorizado, la gestión de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos deberá realizarse de forma autónoma e independiente. Además de tamaña modificación, al papel rector del AGN atañe coordinar la instalación y operación del Sistema Nacional de Archivos, cuyo objeto será la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados, integrados por los tres poderes de los distintos órdenes de gobierno, incorporando a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física, moral o sindicato que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

Tareas igualmente determinantes del AGN serán: presidir el Consejo Nacional de Archivos, órgano coordinador del Sistema Nacional de Archivos. Promover la articulación con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y con el Sistema Nacional Anticorrupción. Impulsar el establecimiento de una correcta organización y administración homogénea de los archivos. Fungir como órgano de consulta de los sistemas locales de archivos y de los sujetos obligados a nivel nacional.

Asimismo, colaborar con los archivos generales o entes especializados a nivel local. Mantener un programa de capacitación permanente para la Administración Pública Federal y los demás sujetos obligados a nivel nacional. Rediseñar el Registro Nacional de Archivos y coordinar las acciones para rescatar el patrimonio documental de la nación que se encuentre en peligro de destrucción o pérdida, así como establecer mecanismos de prevención para combatir el tráfico ilícito de éste.

Por si algo faltara, el AGN deberá evitar que el Estado mexicano continúe perdiendo información y, por ende poder, frente a los grandes monopolios de la información y la comunicación. Lograr que la administración pública reconozca que los archivos y la información en ellos depositada son asunto de Estado y buen gobierno. Conseguir que en los archivos se reconozca la garantía del respeto a los derechos humanos, culturales, de acceso a la información y protección de datos personales. Rescatar el valioso patrimonio documental de México, que se encuentra, hay que repetirlo, en condiciones lamentables, y lograr que se entienda la importancia de los archivos para el desarrollo de las ciencias, las artes y las letras.

Si no ocurre así, las palabras del insigne mexicano Francisco Zarco seguirán teniendo vergonzosa vigencia: “En ese oscuro laberinto, en ese monstruoso conjunto de leyes al que se ha querido llamar legislación mexicana, el discurso se pierde y la razón se extravía”.

Fuente: El Universal