El déficit de inclusión de ciudadanía en la toma de decisiones de la esfera pública, es producto de la carencia o precariedad de mecanismos jurídicos, políticos y sociales, que inhiben el ascenso del tejido social a la corresponsabilidad y provocan insuficientes resultados de la tarea pública.
Atender esta problemática exige contar con instituciones públicas eficientes, que generen y distribuyan bienes públicos con eficacia y con justicia; priorizar la rendición de cuentas a las instituciones establecidas para este propósito, y acreditar al tejido social un desempeño eficaz, que apegado a la legalidad, reconozca el valor humano de un buen gobierno.
La rendición de cuentas (Accountability) debe trascender como mecanismo de horizontalidad plena, superar las contradicciones históricas de la verticalidad del poder político y garantizar que la información del Estado y sus instituciones, sea imperativo de universalidad del espacio público y de gobierno abierto.
El papel vital de la rendición cuentas, de acuerdo a Edna Jaime, es “…la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por su conducta, que se vean forzados a justificar y a informar a la sociedad sobre sus decisiones y que puedan ser sancionados por ellas.”
Esta prescripción de control del poder institucional, incide en el cumplimiento de las obligaciones legales y políticas por el manejo de recursos públicos, lo que vuelve a la rendición de cuentas un instrumento del pueblo.
Este salto cualitativo a la rendición de cuentas horizontal o social, se erige como contrapeso de la gestión pública, que hace del escrutinio ciudadano un mecanismo que puede sancionar y trascender las fronteras de corrupción, impunidad y opacidad de los rituales patrimonialistas, que esconde la rendición de cuentas verticalista.
Esta potencial circunstancia, reclama un sistema de justicia eficiente, que sin distingos haga valer la ley y de un sistema político, que en su ejercicio cotidiano, custodie y vigile desde la virtud cívica de la conciencia social, que el voto no sea el único instrumento ciudadano que puede avalar el buen desempeño de la función pública.
Entendamos: el voto, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, no son mecanismos idóneos para garantizar la rendición de cuentas. Son recursos reactivos hacia una tarea pública incumplida, prácticas propias de culpables y de castigos populistas, que no caben en una democracia inteligente, ni en un orden civilizatorio.
La sanción ciudadana al ejercicio de gobierno se hace día a día, como práctica que construye ciudadanía; lo contrario genera parias de la democracia y extranjeros en su propia patria.
Sin objeción alguna, nadie por encima de la ley ni fuera de ella. La institucionalidad debe ser escrutada para que la actuación de las instituciones legales y políticas, cumpla el papel de certidumbre y dignidad frente a la ciudadanía.
La participación ciudadana es el contrapeso armonioso de la función pública y genera el desenvolvimiento pleno del ciudadano y el quehacer de sus organizaciones. No debe verse como el talón de Aquiles que impide la operatividad administrativa, sino como el vector que le da rumbo y sentido a la gestión pública.
El déficit de participación ciudadana, exige incorporar la corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas y en las prácticas que destierren la simulación, porque obstruyen la construcción de ciudadanía y los principios valóricos del derecho al buen gobierno.
¿Por qué la exclusión de la participación ciudadana, tiene que ser el clavo de la cruz y no la génesis de una reestructuración del statu quo?
La sensatez política exige crear más y mejores estructuras y espacios ciudadanos.
En esta tesitura, el Instituto de Participación Ciudadana (IPC), construirá la Agenda de Exigencias Ciudadanas; brinda retroalimentación, información y guía corresponsable a la tarea de servidores públicos y a los representantes de encargos populares, lo que potencia la interoperatividad administrativa y la generación de resultados.
Principios valóricos del ejercicio de la función pública, que no pueden quedar a la zaga de la dinámica social, ni de la prospectiva del desarrollo, ni de la seguridad humana que el Estado debe salvaguardar, como tendencia creciente a concretar el derecho humano a un buen gobierno.
Este paradigma impone revalorar la concertación progresista entre ciudadanía y gobierno, como génesis de un Nuevo Modelo de Participación Ciudadana, lo que permite que el IPC, afiance la oportunidad social que exige la reinstitucionalización del Estado.
El IPC hace previsible edificar logros sustantivos en materia de gobernabilidad y gobernanza, donde los criterios de corresponsabilidad gubernamental en la construcción de planes, programas de gobierno y políticas públicas, darán un salto cualitativo en la generación de expectativas y oportunidades de desarrollo y seguridad humana.
El IPC es una estructura de certidumbre político-ciudadana, que consolida los procesos de gobierno horizontal, como condición sustantiva de una democracia abierta; promueve el ascenso de la conducción ciudadana a la tarea pública; y profundiza la consecución de un sistema de justicia que afiance las prácticas de certidumbre de la estructura de obligaciones del Estado Democrático de Derecho.
En este escenario, el papel de la sociedad civil organizada es vital para trascender las prácticas de simulación política y de pantomima pública, factores de dispersión del poder social, que hasta ahora han minado el virtuosismo de la gestión político-administrativa, configurado el desánimo y propiciado el desencuentro iracundo de los ciudadanos.
Lo público es el patrimonio más puro en la construcción de ciudadanía, porque articula a los sujetos sociales en la dinámica e interés por edificar mayores y mejores oportunidades para el país. Su despojo ha constituido una afrenta que amenaza con una ruptura social, capitalizable por grupos populistas y fascistas.
Es necesario trazar una nueva línea de inclusión política de la sociedad y sus organizaciones. Darle rumbo y certidumbre a un régimen político integral de ciudadanía abierta y de resultados, este es el principio valórico del buen gobierno, fundamento sustantivo en la creación del Instituto de Participación Ciudadana.
Agenda
- En la gira por Alemania, el Presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Ángela Merkel inauguraron la Feria Industrial de Hannover, en la que México participa como País Socio. Es el primer país latinoamericano que ostenta esta categoría, como socio comercial de Alemania.
- El Senado de la República ratificó el CPTPP, donde once países de la Región Asia Pacífico, crearán la Zona de Libre Comercio más grande del mundo, de la que México es partícipe.
- Malas noticias para nuestra democracia, en Hidalgo sólo el 57% de los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, habían confirmado su participación en los debates.
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