Durante el 2016, el Órgano Administrativo Desconcentrado (de) Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Comisión Nacional de Seguridad y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) de la SAGARPA pagaron contratos con sobrecostos millonarios a la empresa Desarrollos Jurídicos Integrados (DJI), SA de CV, que a su vez subcontrató a otras empresas entre éstas dos vinculadas al esquema de la estafa maestra.
La asignación de estos contratos puso en riesgo información gubernamental catalogada como de seguridad nacional, pues la ASF detectó que la empresa no reportó que tuviera medidas de seguridad en el manejo de los datos a pesar de que la documentación entregada por la OADPRS contenía información delicada.
La ASF estimó que las irregularidades detectadas en estos contratos implicaron un daño al erario por 150 millones de pesos, y pidió a los órganos internos de control respectivo iniciar investigaciones a los funcionarios responsables y al Sistema de Administración Tributaria, investigar si las empresas cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Contratos inflados
Durante el 2016, la empresa DIJ recibió tres contratos del OADPRS por 112.5 millones de pesos. Para entregar los contratos el organismo aseguró que no contaba con el personal especializado y capacitado para el manejo de “archivos gubernamentales, gestión documental y jurídico-administrativa para desarrollar el servicio”…
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