En México la relación prensa-poder ha tendido a ser perversa y opaca. Aún con la democratización del sistema político y la pluralidad de medios informativos principalmente en prensa escrita e internet, al día de hoy, las reglas mediante las cuales se asignan espacios para publicidad oficial son inexistentes y por lo tanto obedecen a la más grande arbitrariedad de los gobiernos. Así lo refleja “El costo de la legitimidad”, título de la segunda edición del Índice sobre publicidad oficial realizado por Artículo 19 y Fundar, organizaciones socias de la Red, el cual fue presentado a los medios esta semana.
El tema es de particular relevancia no solo por los enormes recursos que se invierten en este rubro sino también por el uso de carácter propagandístico y poco informativo que se la ha dado a la publicidad oficial. Recursos que son de carácter público y de los cuales nada se informa a la ciudadanía. En la pasada elección presidencial, los gastos en publicidad oficial de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fueron duramente cuestionados. Como consecuencia, ya una vez electo, el Presidente Peña Nieto se comprometió a regular la publicidad oficial mediante una reforma constitucional que daría vida a una instancia ciudadana y autónoma que se encargaría de dar seguimiento a estos gastos. En el Pacto por México esta intención quedó plasmada en el compromiso 95 y su cumplimiento está previsto para el segundo semestre de 2013.
Algunas cifras permiten visualizar el costo de esta “inversión” en imagen: en 2011, 27 de las 32 entidades del País, gastaron 4 mil 518 millones de pesos en publicidad oficial. Este gasto equivale casi al doble del monto invertido en la producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país. Además, lejos de ir en declive, este gasto ha ido en aumento ya que de 2005 a 2011 los recursos destinados a publicidad oficial se duplicaron en 15 entidades del país. En 2010 y 2011 casi las dos terceras partes de los estados sobre ejercieron los montos aprobados en publicidad oficial por sus respectivos congresos.
Además de los altos montos destinados a este rubro, existe una completa opacidad en su ejercicio. En 18 entidades no se puede acceder a información suficiente sobre los gastos en publicidad oficial y en varios estados esta información está clasificada como reservada: en 2011, cinco entidades reservaron parte o totalidad del desglose de los gastos en publicidad oficial y en 2012 esta práctica aumentó a ocho estados muchos de los cuales como Guanajuato, Chiapas y Tabasco, tuvieron elecciones locales. En la reforma electoral del 2007, se modificó el artículo 134 de la Constitución para impedir el uso de recursos públicos con fines propagandísticos en contextos electorales, sin embargo, el reglamento que debía desprenderse de esta modificación no ha sido aún aprobado. Fundar y Artículo 19 hacen un llamado a regular el uso de recursos en publicidad oficial para devolverle su carácter informativo y transparente de cara a la ciudadanía.
Corolario: Esta semana, la RRC pone a su disposición en su portal el documento de la consulta sobre “PND y rendición de cuentas” realizada con los socios el pasado 10 de abril. Este documento será entregado este martes al Presidente Enrique Peña Nieto, en la ciudad de Monterrey, en el marco de la Consulta convocada por el Gobierno y el IFAI. Un ejemplar también será enviado a los Presidentes de los partidos políticos.
