La creación de leyes e instituciones para el desarrollo de elecciones confiables, transparentes y legítimas, ha costado a los mexicanos muchos años de trabajo, el consenso de las fuerzas políticas para construir acuerdos, así como un buen número de recursos humanos y sobre todo económicos. Se consideró que un primer paso para alcanzar un régimen democrático, en que la voz y el voto de todos y todas fuesen tomados en cuenta para definir el proyecto y el destino del país, radicaba señaladamente en conseguir que los procesos electorales fueran limpios y confiables en sus resultados.

Uno de los propósitos centrales en el desarrollo de la legislación y las instituciones electorales, fue el “ciudadanizar” la organización de los procesos electorales, buscando con ello que los partidos políticos que participaban en las contiendas, contaran con árbitros independientes que garantizaran condiciones equitativas de competencia, es decir, los ciudadanos.

Como resultado de la “ciudadanización” de la organización electoral, muchos mexicanos y mexicanas han venido participando en los últimos años, en la organización de los procesos electorales como funcionarios y asesores dentro de las instituciones electorales, como observadores de los procesos electorales, como consejeros electorales del Consejo General o de los consejos locales y distritales, como capacitadores, asistentes o supervisores electorales y como funcionarios de casilla.

Dentro de esta experiencia, la observación electoral realizada por organizaciones civiles desde finales de la década de los ochenta, se constituyó en una importante forma de participación ciudadana en el cambio democrático. Fue la primera modalidad de participación ciudadana organizada para rescatar los procesos electorales de manos del partido en el poder, para ir construyendo una arquitectura institucional y legislativa que garantizara la imparcialidad y la confianza en las elecciones.

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