Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que piden invalidar aspectos centrales del Sistema Local Anticorrupción (SLA) de la Ciudad de México.
Las acciones fueron promovidas por 25 diputados de la Asamblea Legislativa, que acusan a la mayoría de violar los lineamientos para el SLA de las entidades, fijados por el Congreso de la Unión en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Aunque las acciones fueron admitidas, el Ministro ponente, cuyo nombre no ha sido publicado por la Corte, se negó si quiera a considerar la posibilidad de suspender la vigencia de las leyes impugnadas, ya que la figura de la suspensión no está prevista en este tipo de acciones.
Por tanto, está corriendo el plazo de 60 días naturales fijado por la reforma, publicada el primero de septiembre, para que una Comisión de Selección designada por la ALDF, nombre a su vez a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SLA.
Dicho plazo fue suspendido por la Asamblea, que tuvo que dejar de sesionar en su recinto de Donceles luego del sismo del 19 de septiembre, pero esta semana ya vuelve a la normalidad.
La Corte difícilmente resolverá estas acciones en 2017, y para cuando las discuta, lo más probable es que el SLA ya estará operando con la configuración prevista en las leyes impugnadas.
Uno de los artículos que revisará la Corte es el 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción, que deja el nombramiento y remoción del Secretario Técnico del SLA en manos de la propia Asamblea, a propuesta de tres de sus Comisiones y por mayoría simple de los diputados.
En el SNA, el Secretario Técnico es designado por el Comité Coordinador del propio Sistema, a propuesta de su Presidenta, que a la vez preside el CPC.
La Corte también analizará la integración del Comité Coordinador del SLA, en el que participarán ocho funcionarios locales, además del ciudadano que presida el CPC, en contraste con el SNA, donde solo son seis funcionarios más la Presidenta del CPC.
El artículo 36 de la Ley General señala que los sistema locales “deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al SNA”.
Las demandas también piden invalidar la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la CDMX, cuyo primer titular deberá ser nombrado para un periodo de siete años por la Asamblea, de entre una terna propuesta por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
La Ley Orgánica permite que el Fiscal sea ratificado siete años más en el puesto, y prevé el mismo mecanismo para futuros nombramientos.
En contraste, la Constitución federal prevé que el Fiscal General autónomo es el que designará al Fiscal Anticorrupción, aunque este sistema aún no está vigente.
Fuente: Reforma
