El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma en materia de transparencia que otorga mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, además de que obliga a los partidos políticos, a los sindicatos y a los fideicomisos a transparentar su información. (Consulte la iniciativa dando click aquí)
En materia de las atribuciones del IFAI, la minuta, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, contempla que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.
“El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros”, dice la adición al artículo Sexto constitucional.
Luego de un proceso iniciado en septiembre y octubre pasado con la presentación de diversas iniciativas en la materia por parte de las principales fuerzas políticas. En su proceso de análisis, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana se reunieron con especialistas en la materia, incluyendo a miembros de la Red por la Rendición de Cuentas y a la propia Red, quienes plantearon propuestas y preocupaciones para lograr un régimen de transparencia integral.
“Es un gran avance para el País y es una muestra de lo que estamos obligados a hacer”, señaló el senador del PVEM, Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción.
“Esta reforma no es el punto de llegada, sino de partida para luchar contra el cáncer de la corrupción que afecta a nuestro País”, añadió la panista Laura Rojas durante la discusión del dictamen.
Además de aumentar el universo de sujetos obligados, el dictamen aprobado establece que los éstos deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, además de publicar la información completa sobre el ejercicio de los recursos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y resultados.
El IFAI, que seguirá siendo garante del derecho a la protección de datos, tendrá facultades para intervenir en los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y del Distrito Federal.
Sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
La reforma también modifica la composición del Instituto, que pasará de cinco a siete comisionados que serán nombrados por la Cámara de Senadores a propuesta de los grupos parlamentarios , con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Los comisionados durarán en su encargo 7 años.
El organismo garante tendrá además un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.
En los transitorios se define que los comisionados que actualmente conforman el IFAI seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente Decreto.
La designación de los dos nuevos comisionados será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor del decreto, una vez aprobado por la Cámara de Diputados y por los constituyentes de los estados.
Al respecto de los estados, la reforma señala que las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.
