Todo empezó con la Ley de Ingresos 2012. En el sexenio de Mario Marín, se impuso en este ordenamiento un candado para impedir el acceso a la información comprobatoria de gasto público. Para ello, se estableció que quien deseara conocer esta información sólo podía hacerlo a través de copias certificadas, aunque se solicitara por vía electrónica, en copia simple o mediante una consulta directa.
A principios de 2011, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) alertó sobre el candado a los nuevos diputados. Si bien la LVII Legislatura había aprobado la Ley de Ingresos 2011 antes de su despedida, los integrantes de la LVIII Legislatura tenían la oportunidad de reformarla mostrando su compromiso con la transparencia. No lo hicieron ellos ni tampoco llegó una iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle para corregir el abuso.
Lo que sí llego fue el fin de 2011 y con él la primera iniciativa de Ley de Ingresos del gobierno de la alternancia, que no sólo hizo caso omiso a una advertencia que ya no sólo era del órgano garante sino de organizaciones sociales, académicos y periodistas, sino que aumentó el costo de cada copia certificada de 75 pesos a 80 pesos. En el Congreso local, 35 diputados avalaron el nuevo abuso, sin ponerlo en duda siquiera, y se aprobó así le Ley de Ingresos 2012.
Afortunadamente, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) intervino y solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) promover una acción de inconstitucionalidad en contra del candado en la Ley de Ingresos. La PGR lo hizo y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el examen de constitucionalidad. La SCJN admitió el recurso y, a punto de tomar una resolución, el gobernador decidió eliminar el candado, así como reducir el costo de la copia certificada de 80 pesos a 20 pesos. La transparencia a regañadientes.
A cuatro meses de distancia, la lógica parece ser la misma e incluso ampliada. Al patrón de transparencia a regañadientes debe agregarse que la información pública difundida es contradictoria, lo que amenaza seriamente el derecho a saber. Si la información pública -oficial- que entrega o exhibe el gobierno genera dudas y confusión, se desincentiva el ejercicio del derecho de acceso a la información. Dicho de otro modo y en forma de pregunta: ¿para qué preguntarle al gobierno como ejerce los recursos públicos si no se confía en lo que se contesta?
Para muestra dos botones: el gasto en publicidad oficial y los helicópteros que tiene el gobierno.
En cuanto al primero, a petición de una reportera y tras la intervención de la CAIP por la negativa del gobierno, éste se vio obligado entregar un desglose de lo erogado en comunicación social en 2011, el primer año de gestión de Moreno Valle. La reportera solicitó esta información detallada, por mes y por medio, junto con copia simple de las facturas que justificaran los gastos. La Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo respondió con generalidades y direcciones electrónicas que no existían, razón por la que la interesada interpuso un recurso de revisión que la CAIP aceptó y ratificó, exigiéndole a esta oficina entregar la información en los términos requeridos.
Con esta orden del órgano garante y en medio de una polémica nacional en torno a los recursos públicos destinados a los medios de comunicación llegó el Día de la Libertad de Expresión, celebrado en Puebla con la publicación de 11 imágenes que contienen un reporte anualizado del gasto en comunicación social hecho por el gobierno de Puebla de 2008 a 2011. Las cifras globales permiten constatar que el gasto en publicidad oficial es distinto según quien lo dé a conocer. Pero además, en el detalle se han documentado contradicciones importantes, como es el caso de un medio impreso que según las láminas recibió un pago de 690 mil pesos en 2009, mientras que en respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Finanzas contestó que ese mismo medio había sido beneficiado ese año con 4.4 millones de pesos.
Respecto a los helicópteros, la Secretaría de Administración se resistió durante meses a revelar el monto de las aeronaves que utiliza el gobernador para transportarse a pesar de las órdenes de la CAIP, que revocó el acuerdo con el que se había justificado su reserva. Finalmente, esta dependencia respondió la solicitud respectiva informando el costo de tres helicópteros adquiridos en administraciones anteriores, pese a que la Secretaría de Finanzas había reconocido, al atender otra solicitud, que el gobierno de Moreno Valle había comprado un helicóptero adicional. Luego de la presión en la opinión pública y un giro inesperado en la posición de la CAIP, que soslayó la prueba de la cuarta aeronave y dio por concluido el asunto, la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo difundió un boletín en el que admitió la posesión de cuatro helicópteros.
Más allá de lo que estos casos han puesto al descubierto -los 500 mil pesos diarios que destinó el gobierno de Moreno Valle a comunicación social en 2011, y los 3 millones 650 mil dólares que costó el helicóptero adquirido en el primer año de su gestión-, resulta una tristeza que con una buena ley el gobierno poblano asuma la transparencia de manera reactiva, con disgusto e información oficial contradictoria. Así, la transparencia no avanza, retrocede. Y si se hace costumbre, peor.
Twitter: @rialonso
