Transparencia Mexicana dio a conocer ya los resultados de su encuesta sobre transparencia y buen gobierno en México. Se trata, desde hace años, del referente más importante para diagnosticar el estado de la corrupción en México. A diferencia de los datos de Transparency International que se utilizan en la comparación entre países, éstos no son datos de percepción, sino un reflejo directo de la experiencia cotidiana de los ciudadanos en su interacción con los gobiernos. Algunos de los datos hablan por sí mismos:
En 10.3 de cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o accedió a un servicio público, los hogares pagaron “mordida”.
En 2010 el costo económico de esta forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos.
Además de los datos agregados (el Índice de corrupción y buen gobierno, que califica cada una de las entidades federativas, y que pronto agregaremos en nuestra sección de indicadores), lo más relevante del estudio son los datos concretos sobre el tipo de trámites más susceptibles de actos de corrupción, y las diferencias entre los estados. Sabemos, por ejemplo, que:
16 entidades federativas redujeron si frecuencia de corrupción respecto a 2007; en las otras 16 entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o se incrementó.
Sabemos también que los trámites en los que es más frecuente la corrupción son los asociados al uso del automóvil (evitar infracciones de tránsito, sacar un auto del corralón o tratar de estacionar un auto en la vía pública). La revista The Economist ha elaborado un mapa que muestra la probabilidad de corromper a un agente de tránsito por entidad federativa. A partir de estos datos, hay dos preguntas que pueden servir para orientar la discusión sobre estrategias anticorrupción: ¿qué distingue a los estados –y municipios– donde la posibilidad de actos de corrupción asociados al tránsito es menor? y ¿qué distingue estas actividades de aquellos trámites en los que hay menor probabilidad de corrupción (como recibir correspondencia, pagar el predial o contratar el teléfono)?
