El incremento sustancial de los montos de deuda de los gobiernos estatales mexicanos ha generado dos preocupaciones: una relacionada con la discrecionalidad de los gobiernos estatales para contraer deuda y para gastarla en rubros no siempre prioritarios y otra respecto a las posibles consecuencias que, para la economía nacional, podrían tener niveles excesivos de endeudamiento. No puede olvidarse que la falta de control sobre los niveles de deuda subnacional llevó a varios países en desarrollo a problemas de inestabilidad macroeconómica en la década pasada.
En un sistema federal como el mexicano, el principal mecanismo de control deberían ser las legislaturas estatales, que tienen la responsabilidad no sólo de autorizar (o no) el endeudamiento, sino también de encauzar los destinos del dinero (mediante el presupuesto de egresos que aprueban cada año) y de vigilar su correcta ejecución. Por diversas circunstancias –la falta de capacidades institucionales de los congresos, la dependencia política vis-à-vis el gobernador y el reducido horizonte temporal de cada legislatura– este primer control ha sido, en general, poco eficaz.
Frente a ello, una posible alternativa es la imposición de controles genéricos desde el Congreso federal. Diversos países han emitido en los últimos lustros leyes de responsabilidad fiscal que buscan controlar el comportamiento irresponsable en el manejo de deuda y evitar que la ventaja de corto plazo que un estado puede obtener al adquirir deuda lleve a problemas de largo plazo para el país en su conjunto. Al respecto, hace un par de meses, un par de investigadores del Banco Mundial escribieron un documento en el que analizan la experiencia internacional y encuentran que:
La evidencia muestra que las leyes de responsabilidad fiscal ayudan a coordinar y a mantener compromisos de prudencia fiscal, pero que no son un sustituto para dicho compromiso y no deben ser vistas como fines en sí mismas. Pueden hacer una contribución positiva junto a otras medidas para afianzar una coalición de estados y el gobierno central en favor de la prudencia fiscal. [Liu y Webb, “Laws for fiscal responsibility for subnational discipline: international experience”; énfasis añadido]
En otras palabras, una ley de responsabilidad fiscal tiene como requisito, para ser eficaz, que los gobiernos –o al menos algunos de ellos– tengan un compromiso con la disciplina.
