Disparidad en los criterios que se aplican en los estados en materia de transparencia, opacidad en ámbitos específicos de la seguridad y procuración de justicia y, en resumen, poca disposición a proporcionar información, fueron algunos de los hallazgos que la organización México Infórmate encontró durante la realización de su “Estudio sobre Transparencia en Seguridad Pública y Procuración de Justicia”
Para arrancar la Semana México Infórmate, que esta agrupación organiza para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber que se celebra este 28 de septiembre, se presentaron algunos de los resultados obtenidos a través de este estudio, el cual implicó que se ingresaran diversas solicitudes de transparencia en todas las entidades del país, según explicó Emilene Martínez, coordinadora Nacional de México Infórmate.
Las solicitudes fueron relativas al número de personal operativo de las secretarías de seguridad pública y ministerios públicos, así como el presupuesto asignado a procuradurías y el número de consignaciones sobre el total de averiguaciones previas. Igualmente incorpora un análisis sobre el número de juzgados penales que existen en el país, así como el presupuesto asignado a los juzgados.
“La seguridad, la procuración y la impartición de justicia son las funciones del estado en las cuales tiene su justificación misma. Son una problemática social en este contexto en el que nos situamos en México y también ha sido la prioridad del presidente Felipe Calderón. Por estas razones México Infórmate decidió implementar un estudio a partir de solicitudes de información ingresadas a los estados que buscara información relativa a tres ámbitos del proceso de impartición de justicia, desde que se comete un delito hasta que el Ministerio Público realiza una consignación ante los juzgados penales”, explicó Gabriela Morales, estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Red.
El estudio busca, a través del acceso de la información, demostrar la posibilidad de un escrutinio público a temas de relevancia social a temas como son la seguridad pública y la procuración de justicia.
Miguel Pulido, director de Fundar, y quien ha seguido de cerca el trabajo de México Infórmate, destacó que los resultados del estudio corresponden a la crisis de inseguridad que vive el país.
“El estudio es importante porque demuestra que nuestras autoridades tienen muchos años de estar rebasadas, y demuestra que el uso político del tema nada ha contribuido a su solución”, dijo Pulido.
“El tema es serio, el tema es complejo, el tema requiere un comportamiento de altura y me parece que lo que hace México Infórmate con este ejercicio es precisamente poner el estándar. Son las autoridades quienes no fueron capaces ni siquiera de tener un comportamiento digno del merecimiento que tendría que tener un estudio como el de estas características”.
A partir del estudio se desarrolló una plataforma para capturar la información de las diferentes entidades. Un administrador de contenidos que genera estadísticas y reportes para interrelacionar la información, según explicó la coordinadora de la organización.
La plataforma México Infórmate es resultado de un ejercicio de sinergia entre la comunidad de organizaciones sociales y la comunidad de expertos en tecnología que se reunieron los pasados días 24 y 25 de agosto en el evento Open Data MX.
Estos son algunos de los hallazgos del estudio, el cual está disponible en la página de México Infórmate.
Estadísticas y acceso a la información
Las secretarías de seguridad pública estatales reservan información relativa a estadísticas, que por sí mismas no representan un riesgo a la seguridad de los elementos operativos, en este caso información sobre el número de elementos operativos preventivos. Tal es el caso de Sinaloa, donde la Secretaría de Seguridad Pública reservó la información a través de un acuerdo previamente emitido por su titular.
La Secretaría de Seguridad Pública federal señala que la información solicitada no se encuentra entre sus atribuciones y remitió a la SSP del Distrito Federal.
Los salarios y consignaciones
En relación con los salarios del personal operativo, la Secretaría de Seguridad Pública federal pidió el documento específico donde consta la información requerida, transfiriendo la carga de conocer el engranaje de la administración pública a la persona solicitante de información.
De la información entregada por las autoridades locales fue posible observar que el salario más bajo asignado es a los policías que ejercen sus funciones en el Distrito Federal, donde cuentan con un salario mensual bruto desde 2 mil 175 pesos hasta 9 mil 887 pesos mensuales. El policía que menos gana en Oaxaca tiene un salario de 6 mil 99 pesos. Ambos estados, se sitúan por debajo del promedio nacional donde el sueldo menor de los policías estatales es de 9 mil 250 pesos mensuales.
En el estado de Sinaloa, un policía tiene un salario asignado de 9 mil 610 pesos, en el estado de Querétaro, al puesto de policía corresponde un salario de 9 mil 900 y en el estado de Veracruz un salario de 11 mil 526, de acuerdo con la información señalada por las autoridades.
En cuanto a la tasa de consignaciones realizadas por el Ministerio Público en relación con el número de averiguaciones previas iniciadas, del ejercicio de acceso a la información se recupera, que el promedio de consignaciones en los estados analizados, de 2008 a 2012, va desde el 5.4 por ciento en Nuevo León, 15 por ciento en Baja California Sur, hasta el 25.4 por ciento en Michoacán.
Fiscalías Especializadas
La respuesta de la Procuraduría General de la República, lejos de ser esclarecedora en la asignación de presupuesto para las fiscalías -creadas para resolver los principales problemas reconocidos por la sociedad y los poderes públicos- contribuye a la nube de información confusa y que evita que exista la posibilidad de un efectivo escrutinio público sobre la asignación de recursos, en temas como el combate a la violencia contra las mujeres y la trata de personas, así como los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.
La información sobre el presupuesto de las fiscalías que entrega la PGR no corresponde con la información de fuentes públicas del poder legislativo.
Toda la información requerida a las autoridades se considera información pública en tanto se refiere a información estadística, presupuestaria y de desempeño. Las aproximaciones a los temas de seguridad pública y procuración e impartición de justicia fueron posibles a partir de la información entregada en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
