Después de hojear los 45 ensayos presentados por quienes aspiran a ocupar la vacante que dejó Sergio García Ramírez en el Consejo General del IFE —hojear digo, pues mentiría si dijera que los leí todos igual— me llama la atención que solamente seis de ellos estén dedicados al tema nodal del financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos. Otra decena aborda el tema de los dineros entre otros asuntos que consideran tanto o más importantes y otro candidato no presentó nada.
La mayoría de esos textos publicados en la página de la Cámara de Diputados está escrita con un escrupuloso cuidado político, incluyendo los que abordan el espinoso tema del caudal de dinero que utilizan los partidos políticos. Es obvio que sus autores están conscientes de que los electores del cargo al que aspiran no deben ser agraviados. Y aunque hay excepciones, la regla es el tacto y la prudencia en el tratamiento de los asuntos que podrían molestarlos.
Los textos difieren en la calidad de sus contenidos –hay algunos que me atraparon—pero todos se parecen en el intento de mostrar a la vez conocimientos técnicos, experiencia electoral y compromiso con la consolidación de la democracia. Y si bien hay una amplia variedad de propuestas legales, organizacionales y políticas, en lo fundamental los aspirantes coinciden en continuar con los trazos principales del régimen electoral construido desde hace poco más de dos décadas. Las propuestas más audaces son, acaso, las que se suman a las ideas publicadas en el Pacto por México, ya en el sentido de diseñar un Instituto Nacional de Elecciones que se haga responsable de todos los procesos electorales en el país, o ya en el de sancionar, con la nulidad de los resultados, el rebase de los topes de gastos de campaña.
Lo que me preocupa es la ausencia de un sentido crítico firme hacia la falta de rendición de cuentas en los partidos políticos. Insisto en que solamente un puñado de esos trabajos aborda el tema de los defectos de la fiscalización de manera directa, pero ninguno sugiere una nueva visión de conjunto capaz de evitar que la suma de dineros públicos y privados que obtienen los partidos políticos siga siendo utilizada con la misma discrecionalidad que ha minado la confianza en los propios partidos, en las autoridades y en los resultados electorales.
El mayor problema que afronta el régimen electoral mexicano en este momento está en el origen y en el uso de los dineros de los partidos. Ningún otro tiene la misma capacidad corrosiva.
Todos los demás se han ido resolviendo de modo más o menos venturoso con el paso del tiempo —la organización de casillas, el padrón de electores, la integración y la vigilancia del servicio profesional, la distribución de prerrogativas, etcétera —. Y si bien es preciso hacer nuevos ajustes derivados de la experiencia y revisar temas especialmente sensibles, como el de la “espotización” excesiva de la propaganda política, lo cierto es que el único tema de la agenda que no ha sido resuelto con éxito es el del control del dinero.
Los consejeros del IFE —los actuales y los que vendrán pronto— nos están debiendo una reflexión de fondo, imparcial y valiente, para resolver ese tema que hoy está enredado entre visiones políticas y jurídicas contrapuestas, normas imposibles de cumplir a cabalidad y llenas de huecos, tiempos y procedimientos cada vez más complejos y, sobre todo, un enorme temor a enfrentar a las dirigencias de los partidos y a las burocracias que se han construido tras ellos. Ningún otro tema fue más disruptivo en las elecciones del 2012 y nada garantiza que no volverá a serlo en las elecciones siguientes.
Así pues, sería deseable que los aspirantes a ocupar un lugar en el IFE dejaran de pensar en clave de partidos políticos para hacerlo, lisa y llanamente, como consejeros electorales.
Publicado en El Universal
