El tema de la rendición de cuentas en Colombia ha trasegado por tres momentos: la democratización, la modernización y, hoy en día, la lucha contra la corrupción, dijo Marcela Restrepo, directora de la organización civil Área Sector Público, durante el panel sobre rendición de cuentas en Perú y Colombia dentro del Seminario Internacional Desafíos de la Rendición de Cuentas en América Latina.
Restrepo resaltó que el concepto de rendición de cuentas es reciente en la gestión pública en su país, al igual que en la mayor parte de América Latina.
Colombia arrancó con este tema a finales de los años 90, pero es hasta hace un par de años que se discute la implementación de una política pública.
“Ha habido desarrollos institucionales favorables que propician el desarrollo de la rendición de cuentas”, señaló la especialista.
En términos de evaluación de la sociedad civil, se trabaja en la elaboración de un índice de transparencia de las entidades públicas para identificar, a partir de ahí, los riesgos de opacidad de las instituciones.
Actualmente Colombia no tiene ley de Acceso a la Información Pública. Apenas se logró acordar – por iniciativa ciudadana y en concertación con el gobierno y la rama legislativa– un proyecto que está en revisión constitucional.
Sin embargo, el marco normativo y la constitución colombiana, así como varias sentencias de la Corte, ordenan la entrega de información pública.
Restrepo indicó que el primer hito en materia de rendición de cuentas son las audiencias públicas, uno de los espacios mas visibles en relación a la gestión de un determinado gobernante.
“Tenemos rendición de cuentas; pero no son diálogos, son monólogos, frente a un publico que todavía sigue siendo muy pasivo. Las audiencias públicas son un instrumento en revisión”, dijo.
Por su parte, María del Rosario Guerra, representante legal de LEICO Consultores, hizo hincapié en que en Colombia existe un gran marco normativo tanto de disposiciones jurídicas como de decretos, donde no sólo se definen los derechos de los ciudadanos sino que también las obligaciones de los que hemos sido funcionarios públicos.
Recordó que los servidores públicos pueden ser sancionados, de acuerdo a la ley de aquel país, aunque las sanciones casi no se dan.
Dentro de esta política de rendición de cuentas se está buscando que la información sea de buena calidad y se ponga a disposición de forma oportuna a los ciudadanos, dijo Guerra.
Destacó que el gobierno colombiano ocupa el primer lugar del mundo en materia de gobierno electrónico.
En materia normativa, reconoció, Colombia tienen un desarrollo bastante importante, aunque es necesario avanzar en varios aspectos como la regulación.
En el caso peruano, Samuel Rotta Castilla, de Proteica, capítulo peruano de Transparencia Internacional, contó el impacto que tuvo la revelación de los videos sobre corrupción que atesoraba Vladimiro Montesinos (mano derecha de Fujimori) a principios del año 2000, ya que a partir de ellos se impulsó la rendición de cuentas.
Entre finales del año 2000 y finales de 2002, dijo, se presentó una serie de medidas de ajuste normativo sobre una diversidad de campos de la gestión pública de la vida pública del país. Antes había sido caldo de cultivo para que la mega corrupción de los 90 pudiese florecer.
“Se dio la ley de procedimiento administrativo, se dio el principio de participación, que incluía la obligación de transparencia, se dio el código de ética de la función pública en 2002”, dijo.
El experto se detuvo en analizar los problemas a los que se enfrentan las audiencias públicas en Perú.
“Hemos avanzado en cuanto a cumplir. Sin embargo, cuando vamos al contenido de las audiencias públicas vienen los problemas. Más o menos lo que ocurre en Colombia”.
Finalmente, Aída Luz Mendoza jefa del Archivo General del Perú, recalcó la necesidad de que se capaciten personas en materia archivística.
“Si estos documentos se están perdiendo, de qué rendición de cuenta estamos hablando”, cuestionó.
Recalcó la importancia de mantener los documentos, tanto en electrónico como en físico para la rendición de cuentas e, incluso, para la procuración de justicia.
