No era una obra caprichosa. Ni de relumbrón.

El Paso Exprés de Cuernavaca había sido una demanda ciudadana para acabar con el problema de los embotellamientos cotidianos que padecían los habitantes de la capital morelense y quienes necesitaban trasladarse –incluidos los paseantes– a Chilpancingo, Acapulco o a la Ciudad de México.

De paso, la obra haría posible llegar a Acapulco, desde la Ciudad de México, en sólo tres horas y cuarto, con lo que se incentivaría el turismo no sólo hacia ese puerto sino a las zonas turísticas aledañas, tanto de Morelos como de Guerrero.

Y todo indicaba que sí era posible, pues el Libramiento a Cuernavaca Paso Exprés tiene una longitud de 14.5 kilómetros; 36 metros de ancho y 10 carriles, cinco por sentido, para un aforo de 100 mil vehículos diarios.

Cuando hizo la entrega oficial, el pasado 2 de abril, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que por las características y especificaciones técnicas de la obra y por los materiales utilizados en ella, el Paso Exprés tenía garantizada una durabilidad de más de 40 años.

Pero en realidad, el Paso Exprés fue un problema desde el principio.

El enorme boquete de ocho metros de diámetro que se abrió el pasado 12 de julio en ese libramiento, y en el que cayeron dos personas en su auto y murieron asfixiadas –tres meses y siete días después de inaugurada la obra, con bombo y platillo, por el presidente Peña Nieto–, es apenas un esbozo de la enorme corrupción que hubo durante todo el proceso de la construcción, en el que Ruiz Esparza desoyó los llamados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y desatendió todas las observaciones que el organismo emitía.
De la SCT salía y salía dinero alegremente, sin control, a grado tal que al menos en todo 2015, de cada tres pesos gastados en esa obra, dos se fueron en pagos indebidos, fuera de norma y supervisión.

A esa conclusión llega el economista por la UNAM y doctor en historia económica por la Universidad de California en Los Ángeles Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario, tras hacer una revisión exhaustiva de la información que la ASF ha entregado a la Cámara de Diputados y la que él mismo ha obtenido de la institución…

Nota completa en: El Diario de Coahuila