A unos días de que venza el plazo para la armonización de las leyes estatales con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, dos estados aún no hacen la reforma constitucional en la materia (Chihuahua y Veracruz), y siete más no tienen su ley secundaria (Baja California, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala).
Organizaciones que participaron en la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción lamentan que la armonización de las leyes y nombramientos hayan ocurrido sin estándares de parlamento abierto. En algunos casos, por la premura impuesta por los tiempos legislativos y, en otros, por una franca intención de desvirtuar el sistema.
Estos son sus testimonios:
Leonor Gómez Barreiro, coordinadora nacional de México Infórmate.
Luego de un polémico ejercicio electoral que provocó protestas ciudadanas en distintos puntos de la entidad, el Congreso de Coahuila aprobó la reforma constitucional y la ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA), a escasos días de vencerse el plazo de homologación del marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El trámite tuvo como antesala la discusión del dictamen de ley a puerta cerrada. Pero el hermetismo no fue lo único que imperó en el proceso de aprobación de la reforma. La sociedad civil tuvo espacios de participación acotados, los pocos que existieron fueron gracias a la presión social que ejerció la Alianza Anticorrupción Coahuila (conformada por 109 organizaciones ciudadanas), que enriqueció la ley modelo del IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex, incluyendo en su propuesta de ley la figura de revocación de mandato y la participación ciudadana en la designación del fiscal anticorrupción. Sin embargo, ambas exigencias no fueron incluidas en la normativa.
Además, el Poder Ejecutivo no ha sacado las manos del proceso porque tiene el control de la mayoría absoluta en el Congreso, suficiente para realizar cambios constitucionales sin necesidad de consensos. Como evidencia la ratificación por ocho años más del auditor superior del estado, José Armando Plata Sandoval, figura estrechamente vinculada al moreirato y cuestionado por su desempeño. Se espera que para los nombramientos del fiscal y magistrados ocurra algo similar; es decir, que se nombren perfiles que no garantizan la autonomía real del sistema.
Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder IDEA
En primer lugar, es imperativo reconocer que se creó una coalición anticorrupción integrada por organizaciones y ciudadanos que dieron seguimiento de tiempo completo a los tiempos y formas, lo que permitió que avanzara la reforma constitucional anticorrupción de Nuevo León.
No obstante, como en todo proceso, se presentaron dificultades. La principal fue aglutinar las iniciativas y opiniones de organizaciones y ciudadanos que no formaron parte de la coalición. Además de ello, no se cumplió la acción de poner la información en línea, no se dieron a conocer todas las iniciativas y la información no se difundió en lenguaje digerible para el ciudadano.
La participación de la ciudadanía seguirá siendo importante, pues tendrá que participar en el comité de acompañamiento que se creó para blindar el proceso desde, para incidir directamente en el comité de selección del comité de participación ciudadana. Al respecto, surgen dos escenarios.
El primero tiene que ver con la socialización de la reforma. En tanto que ésta no se socializó, la ciudadanía podría no asimilar su trascendencia.
El otro escenario es que hay una urgencia de los grupos legislativos del Congreso para sustituir al actual subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales. Esta coyuntura, y el revés que ya tuvo el gobernador en la SCJN al tratar de controvertir la reforma constitucional, puede ser lo que finalmente permita el avance del Sistema Anticorrupción de Nuevo León.
Lilia Vélez Iglesias, directora de Humanidades de la Ibero Puebla.
En octubre de 2016 se aprobó, sin ningún tipo de participación ciudadana, la reforma a la Constitución de Puebla. La iniciativa de Rafael Moreno Valle fue criticada por las modalidades de designaciones del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues blindan al ahora ex gobernador.
En un segundo momento, a petición expresa del Consorcio Universitario integrado por la Ibero Puebla, el ITESM, la UPAEP, la UMAD y la UDLAP, así como de la Coparmex, el Congreso aceptó recibir opiniones de estas instituciones sobre la legislación secundaria. No hubo convocatoria pública para que otras organizaciones opinaran o participaran.
En diciembre, el Consorcio entregó un documento sobre las iniciativas de leyes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); de Responsabilidades Administrativas y Orgánica de la Administración Pública de Puebla, todas enviadas por Moreno Valle. Finalmente, las iniciativas se aprobaron.
Más tarde, el fiscal del estado comunicó a los representantes del organismo empresarial y del Consorcio el nombre de quien sería designado: Enrique Flota Ocampo.
Respecto a la designación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA, se solicitó que fuera transparente, que las comparecencias de los candidatos se transmitieran en el sitio web del Congreso y que la metodología y los criterios de evaluación se publicaran con antelación.
Se propusieron 19 candidatos, entre ellos a cuatro rectores del Consorcio, al presidente de Coparmex y al rector de la BUAP, que hasta ese momento se había mantenido ajena al tema, así como a otras personas. Periodistas y organizaciones criticaron que los dos rectores con mayores aportaciones, pero más críticos, no resultaran electos, y sí otras personas, de quienes no se conoce ninguna aportación. El proceso no ha sido transparente pues el Congreso local no ha hecho públicos los documentos fundamentales, entre ellos los expedientes y la evaluación de los participantes.
Cynthia Dehesa Guzmán, Ciudadan@s por la Transparencia.
La coyuntura dificultó la coordinación entre la legislatura y la ciudadanía para armonizar el Sistema Local Anticorrupción. Cuando el paquete de leyes fue aprobado a nivel nacional, el estado pasaba por una de sus más críticas elecciones estatales, las cuales terminaron con alternancia de partidos. La XIV legislatura destacó por responder incondicionalmente a los intereses del PRI y de Roberto Borge, por lo que en el periodo legislativo que siguió después de las elecciones, fue utilizada para aprobar al vapor y a puerta cerrada -en un hotel resguardado por granaderos- un sistema anticorrupción que se le conoció como “paquete de impunidad”. Éste fue revertido al inicio de la XV legislatura y, durante ese periodo, el SLA pasó a segundo plano, ya que el enfoque era el cierre de cuentas de los municipios.
El 15 de diciembre se instauró la comisión de anticorrupción y, a partir de ahí, se tuvieron trabajos aislados pero con apertura por parte de los integrantes de la comisión. Se realizaron primero mesas de trabajo para establecer la agenda legislativa, seguidas de mesas de diálogo en Chetumal y Cancún con sociedad civil, para discutir las cuatro iniciativas de las reformas a la Constitución; sin embargo, no hubo una sistematización de las aportaciones y, aunque algunas fueron mencionadas en los trabajos previos a la aprobación en pleno, faltaron reuniones para revisar los dictámenes antes de su aprobación.
Los diputados aprobaron crear un taller de Parlamento Abierto impartido por Fundar y organizado por Ciudadan@s por la Transparencia, donde se invitó también a asociaciones locales como el Observatorio Legislativo de Quintana Roo y Coparmex Chetumal.
Solamente hubo dos reuniones previas a la aprobación de las siete leyes y solamente entre 5 y 7 días naturales para que la sociedad civil revisara las leyes, contando dos días de fin de semana, lo cual no es ni remotamente aceptable para un análisis a profundidad.
En términos generales, tanto la sociedad civil como el Legislativo sentimos que hubo avances notables y apertura. La sociedad civil está consciente de las limitaciones del proceso, del riesgo de caer en simulaciones si las prácticas no van mejorando y la participación se va institucionalizando con mejores tiempos y métodos, pero también reconocemos que esta legislatura abrió sus puertas.
Leticia Cuesta, directora de Sonora Ciudadana AC.
El proceso de armonización del Sistema Nacional Anticorrupción en Sonora ocurrió a presión, sin conocimiento sólido sobre la materia, con desconfianza sobre el impacto y consecuencias y, además, con una resistencia a discutir de manera integral visualizaciones sobre su implementación en el estado.
La verdadera ocupación en el Congreso de Sonora fue la competencia por cumplir con grande antelación la armonización (mucho antes del 18 de julio de 2017) y simbolizar que llegar primero es sinónimo de excelencia; no obstante, esa salida rápida, la reforma constitucional no discutida abiertamente y aprobada fast track, nos llevó a perder seis meses, porque fue cuestionada la falta de transparencia en el proceso, el contenido que no era acorde al nivel nacional y atentaba con el espíritu del sistema.
Después de la enmienda, las creaciones de las nuevas leyes, así como las reformas, se suscitaron bajo un escenario de imposición de calendario y no de abonar al debate sobre lo que se construía; no obstante, se avanzaba procurando aplicar al menos pequeñas partes de un parlamento abierto. Semanas después, la llegada de los nombramientos provocó un retroceso abismal, se aprobaron como ráfaga los fiscales especializados y los magistrados anticorrupción, sin convocatoria abierta y tampoco sin explicación sobre las razones de esas propuestas.
El monstruo sistemático devoró la iniciativa que intentaba frenar su peor enfermedad.
Fuente: Revista R Reforma
