La dinámica de justicia en una sociedad compleja como la mexicana, advierte las contradicciones del anquilosamiento de las instituciones encargadas de velar por la procuración e impartición de la Justicia.
Los reclamos históricos de una sociedad aquejada por la desigualdad, la corrupción y la impunidad, demandan el replanteamiento de la ingeniería constitucional para sentar nuevas bases que articulen un Sistema de Justicia Penal, que preserve en todo proceso la veracidad de los hechos, proteja a la víctima y al inocente, procure que el delito no quede impune y repare los daños causados.
Estos principios han llevado a la Procuraduría General de la República a realizar un diagnóstico y un plan de trabajo denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia”, para corregir desde su raíz las anomias de jure o de facto que han lastimado al tejido social; generar una reestructuración legal con nuevos criterios e instrumentos; consolidar una cultura de prevención del delito; y garantizar una justicia pronta y expedita.
Con un esquema de participación social amplio, diferentes actores políticos y sociales e instituciones públicas y privadas convocan a una “Consulta Nacional sobre el modelo de procuración de Justicia que necesita México” (http://goo.gl/1dBNP3), que permita encontrar la forma de mejorar el enfoque y la horizontalidad de la justicia que debe primar en una democracia de los ciudadanos y para los ciudadanos.
En este contexto, motivados por la incertidumbre e inconformidad ciudadana en las estructuras de justicia, organismos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), las Cámaras de Diputados y de Senadores y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C., la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, así como la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO; acordaron colaborar y unirse para convocar a que esta Consulta Nacional cobre vida y se reestructure el paradigma jurídico imperante. (http://goo.gl/NTy4Xk)
Los ejes temáticos de esta Consulta Nacional serán abordados por especialistas, así como por organizaciones de la sociedad civil en torno a: Víctimas y Derechos Humanos; Procuración de justicia y política criminal; Procuración de justicia y seguridad pública; Delincuencia organizada; Modelo de investigación criminal; Modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia; Procuración y administración de justicia; y Operación, gestión y cambio en las instituciones de procuración de justicia. (http://goo.gl/COqln7)
El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo refrenda su compromiso social y apoya decididamente esta convocatoria nacional, participando con propuestas, opiniones, testimonios y denuncias para la consecución de un Nuevo Modelo de Procuración de Justicia que afiance la seguridad jurídica de la ciudadanía y avance en la evolución y modernización del ejercicio pleno del Estado Democrático de Derecho y de la seguridad humana. (http://bit.ly/2pmcxiU)
De forma inédita, el esfuerzo conjunto de los convocantes por atender esta sentida demanda del tejido social y cumplir los propósitos de procurar justicia: sancionar el delito, evitar la impunidad y reparar los daños ocasionados, supera lo planteado hasta ahora en esta delicada materia.
El objetivo es claro, se debe superar la disfuncionalidad institucional porque sus efectos causan estragos sociales, empero en muchas ocasiones, se toman grandes medidas reactivas, sustentadas en que esta problemática es un “área de oportunidad”, condición paradójica que asemeja al caballo de Troya, que al ser monumental, esconde el desastre en su interior, lo mismo sucede con la ineficacia e ineficiencia que niegan a la sociedad las oportunidades de desarrollo y seguridad humana.
El cuestionamiento a esta realidad es contundente: ¿qué factores del anquilosamiento y deterioro de la impartición y procuración de la justicia, inciden en la demanda social que clama por configurar una nueva estructura ministerial?
En este contexto, todo parece centrarse en la consecuencia del acto institucional; es necesario sustituir la respuesta reactiva del quehacer público por la planificación proactiva; generar certidumbre jurídica al ciudadano; erradicar las diferentes variables que permiten la impunidad y la corrupción de servidores públicos; e impedir que las instituciones de justicia constituyan un poder enquistado y excesivamente formalista que lastime y siga lejano de la sociedad.
No se puede equivocar el camino. El problema radica en que no se ha hecho valer en su justa dimensión el Estado Democrático de Derecho.
Es evidente que la creación de un nuevo modelo de Procuración de Justicia presupone caminar hacia una reestructuración institucional. No se le cambia el pañal al bebé sin antes haberlo limpiado.
El reto del Estado en materia de seguridad y combate al delito, impone la instauración de una política pública unida a la depuración institucional, en una estrategia de solidaridad nacional, que vincule a la sociedad civil con el gobierno, para crear un Open Data Criminal, donde haya certeza y seguimiento de la operatividad que presenta la investigación, persecución y castigo de criminales y delincuentes.
La ciudadanía exige combatir de manera eficiente la inseguridad y el delito. Es indispensable crear nuevos y mejores mecanismos punitivos, así como potenciar el enfoque preventivo que plasme los rasgos de una cultura social, que enfrente al delito, una a los vecinos de barrios, colonias y comunidades, construya vínculos de fraternidad ciudadana para anticiparse a la comisión de delitos y haga de la denuncia un instrumento esencial de la justicia.
La horizontalidad y ciudadanización de este nuevo modelo, permitirá potenciar la actual estructura institucional y garantizar estabilidad social y en esta era global donde la información es un derecho humano, la ciudadanía debe conocer en forma abierta el funcionamiento de las estructuras institucionales para poder demandar y exigir su eficiencia y resultados.
México debe dar el salto cualitativo en materia de Procuración de la Justicia. Hacer de ella la sustancia del equilibrio social y su preservación; no puede seguir en el sórdido camino de la corrupción e impunidad; debe asumir el rol de un Estado que preserva la ley para defender al ciudadano.
Agenda
- El Gobernador Omar Fayad Meneses y los integrantes del Comité Organizador de la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2017, anunciaron que este evento se llevará a cabo en Hidalgo, del 23 al 26 de agosto, reunirá a más de mil delegados, ponentes y conferencistas especializados en desarrollo municipal y abordarán temas sobre sustentabilidad, transparencia, seguridad, tecnología, urbanización, financiamiento, migración, comercio, cooperación, competitividad y democracia.
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